Recursos Humanos Digital CCOO considera tremendamente injusto y cuestionable en términos sociales y económicos que el Gobierno haya aplicado una moratoria de tres años, que deja sin atención social a más de 250.000 personas ya valoradas que por motivos de salud, discapacidad o enfermedad mental no pueden valerse por sí mismas, y que reduzca el tiempo de cuidados entre un 20 y un 58%, las cuantías de las prestaciones económicas en un 15% de media, y haya incrementado el copago hasta el 90% de su coste en todos los servicios.
Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO “es absolutamente rechazable que haciendo una lectura torticera de los datos, el Gobierno pretenda confundir a la opinión pública, presentando estas medidas como mejoras”. No se puede hablar de “más transparencia y racionalidad” cuando el Gobierno elude aclarar que un tercio de la reducción de la lista de espera se ha producido porque a más de 20.000 personas de esa lista se les ha postergado hasta dentro de tres años el derecho a una prestación que ya tenían reconocida, junto a decenas de miles que ya estaban valoradas auque sin prestación concreta asignada.
Tampoco el Gobierno explica que la “unificación y homogeneización” del Sistema a la que hace referencia, consiste en recortar uniformemente en todo el Estado la intensidad de cobertura de los servicios, en endurecer hasta el extremo el régimen de compatibilidades entre servicios, y en asimilar el tratamiento de las prestaciones económicas vinculadas a la compra de un servicio al acceso a los mismos a través de la oferta pública de centros y servicios propios y concertados.
En este contexto de recortes, otro hecho agravante es que esta “asimilación” entre esta prestación económica y la provisión de servicios, que el Gobierno llama homogenización y que pretende generalizar, supone abandonar a su suerte a decenas de miles de personas con dependencia que a modo de “subvención” tendrán derecho a prestación económica que ni en su cuantía máxima (715€), se aproxima al coste medio del coste de un servicio residencial (1.600€) o de proximidad, coste por otra parte también muy por encima de la pensión media de este país que es de 950 €, y de 650€ la de las mujeres viudas, el perfil medio de los beneficiarios del Sistema. La resultante de esta operación “homogeneizadora”, es que muchas personas tendrán que renunciar a dicha prestación porque no pueden hacer frente al coste real de los servicios a precio de “mercado” y el acceso directo a un servicio de la RED será muy limitado por falta de oferta.
“Tras los acuerdos adoptados ayer en el Consejo territorial, miles de personas en situación de dependencia son expulsadas del sistema de protección por tener un grado medio de dependencia o por su falta de capacidad económica para comprarlo, y que a su vez, las personas que sean atendidas tendrán menos coberturas y un mayor coste económico”, señala la responsable de Política Social de CCOO, “y ello unido a que el gasto social que dedicamos en España a la atención a la dependencia es del 0’5% del PIB, muy por debajo de lo que destinan otros países de nuestro entorno, el Gobierno vuelve a castigar a las personas para recortar un gasto social público necesario, mientras que las medidas fiscales y de lucha contra el fraude brillan por su ausencia” concluye Rosana Costa.
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