Recursos Humanos Digital La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que está estudiando con las asociaciones de autónomos la posibilidad de adoptar medidas específicas para evitar que estos trabajadores pierdan su vivienda habitual por el efecto de un embargo derivado del impago de deudas con la Seguridad Social.
Según ha concretado, se baraja conceder un aplazamiento de hasta cinco años a estos trabajadores para pagar sus deudas, plazo en el que tendrán condiciones de amortización más «flexibles», así como ampliar de uno a dos años el plazo mínimo desde la primera diligencia para proceder al embargo de su vivienda habitual.
Así lo ha señalado la ministra de Empleo en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en el Senado, en la que ha confiado en que estas medidas estén «en marcha» en «próximas fechas». En cualquier caso, Báñez ha recordado que, en la actualidad, la vivienda habitual de uno de estos trabajadores no es embargable en el caso de que pueda responder a sus deudas con otros bienes.
Además, la ministra de Empleo ha avanzado que la Seguridad Social ha concedido en 2012 hasta 24.340 aplazamientos de pago a autónomos, por una cantidad de 175 millones de euros, lo que, a su juicio, supone un «esfuerzo importante» en beneficio de un colectivo que es «una prioridad para el Gobierno».
PONIENDO CARA A LOS DESAHUCIOS
La ministra de Empleo ha realizado este anuncio después de que el senador socialista Juan Espadas le preguntara si sería posible adaptar el reglamento de la Seguridad Social para evitar embargos y desahucios en el caso de autónomos que responden con su vivienda para cubrir sus deudas con el sistema.
Espadas puso el ejemplo de un matrimonio con hijos y un negocio en Sevilla, en el que el marido tiene unos ingresos de 426 euros y la esposa se encuentra en paro. Según aseguró, esta pareja cuenta con una deuda con la Seguridad Social que ronda lo 5.000 euros, pero que si no cambia la reglamentación les puede llevar a perder su vivienda habitual.
Según apuntó el senador, si la deuda hubiera sido contraída con una entidad financiera, este matrimonio podría salvar su vivienda, si bien el problema es que en este caso «será un desahucio del Estado». «Uno de ellos tiene 22 años cotizados y lo que espera es que el Estado le eche una mano», añadió.
LOS AUTÓNOMOS OBTIENEN RESPUESTA
La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ya había emplazado al Gobierno a tener presente las situaciones particulares de miles de autónomos al borde del embargo por las deudas de la Administración antes de que se aprobara el decreto ‘antidesahucios’, en noviembre de 2012.
Concretamente, había demandado el cese de los desahucios de viviendas y locales, con los que estos trabajadores responden ante sus deudas, cuanto a su vez cuenten con facturas impagadas por parte de la Administración.
El decreto en el que el Gobierno no incluyó medidas específicas orientadas a los autónomos con deudas con la Seguridad Social, contempla la paralización durante dos años de los desahucios siempre que se cumplan determinados requisitos económicos y sociales y la creación de un Fondo Social de Viviendas, para alojar a personas afectadas por estos procesos, con alquileres que entre 150 y 400 euros.
Sobre este último punto, este jueves se firmará en Madrid el convenio del Fondo Social de Viviendas, por el que la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) cederán 6.000 inmuebles.
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