Recursos Humanos Digital La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha alertado este viernes de que hasta el 75 por ciento de las 22.000 oficinas de farmacia que hay en España podrían cerrar si se hace efectiva la liberalización del sector prevista por el Ministerio de Economía y Competitividad, lo que pondría en riesgo además la continuidad de 22.000 trabajadores autónomos y 60.000 puestos de trabajo directos.
Así lo han denunciado después de que la semana pasada se conociera un informe del departamento de Luis de Guindos relativo al anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que detallaba su intención de acabar con la reserva exclusiva de propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia al farmacéutico.
Pese a que dicho documento mantiene la premisa de que estos profesionales seguirían siendo los únicos capacitados para dirigir estos establecimientos, desde la patronal de las oficinas de farmacia auguran que la decisión acabaría con el actual modelo español de farmacias.
Para el presidente de FEFE, Fernando Redondo, «los que pretenden esta desrregulación anteponen las políticas de mercado a la protección de la salud», y avisa de que esta decisión fomentaría la entrada en el sector de grandes corporaciones multinacionales y ‘holding’ empresariales.
«Nos negamos a entregar los servicios farmacéuticos a manos de grupos económicos cuyo primer objetivo es el mercantil, que prima sobre cualquier otro como el sanitario, la farmacia no se vende», ha aseverado.
Redondo ha defendido que el modelo español está «asentado y testado como uno de los mejores en todo el mundo, es barato y tiene un control sobre el coste del servicio sin una merma posible en la calidad, con precios y márgenes de beneficio totalmente regulados».
«Al no poder competir en precios, las oficinas de farmacia lo hacen en la calidad del servicio que prestan y antepone los criterios sanitarios a los exclusivamente mercantiles», ha añadido.
PENALIZARÁ A ZONAS POBRES O POCO POBLADAS
En cambio, ha insistido en que con el cambio de modelo «primará lo económico», lo que provocaría una «desaparición de establecimientos en las zonas de poco interés mercantil». «Aquellos grandes operadores que quieran dedicarse a estos servicios no tendrán interés en zonas con menos densidad de población o poco poder adquisitivo», según denuncia.
Por su parte, la actual vicepresidenta tercera y anterior presidenta de la entidad, Isabel Vallejo, ha mostrado su sorpresa por que se incluya a las oficinas de farmacia en este anteproyecto de ley de Servicios Profesionales cuando «son un servicio público y el medicamento un bien esencial y de interés público».
Asimismo, ha negado que este cambio de modelo pueda venir impuesto de Europa, ya que actualmente el 60 por ciento de los países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia o Italia, tienen un modelo como el español. «Y donde no lo tienen, como Reino Unido, a veces hay que recorrer 40 kilómetros en coche para encontrar una farmacia», ha añadido.
Vallejo ha recordado también que el Tribunal de Luxemburgo ha defendido este modelo de titularidad exclusiva y lo ha considerado compatible con el derecho de la Comunidad Europea y la Directiva de Servicios 123/2006/CE, que excluye expresamente a los servicios sanitarios y farmacéutico.
PIDEN APOYO A SANIDAD, Y A ECONOMÍA QUE RECTIFIQUE
Por todo ello, y ante el «grave perjuicio» que ocasionaría esta medida, FEFE pide al Ministerio de Economía que «reconsidere» sus intenciones y que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad interceda para que esto suceda.
Asimismo, ha reclamado el apoyo del PP, el PSOE y el resto de partidos políticos, apelando a que en otras ocasiones «han mostrado su apoyo al modelo español de farmacia».
Redondo ha reconocido que están dispuestos a trabajar con el Consejo General de Farmacéuticos para evitar esta posible liberalización, y cree que no habrá disparidad de criterios. «Quizá en la forma de actuar», ha puntualizado.
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