RRHH Digital El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha anunciado este miércoles que el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural va a presentar mañana en el Congreso una Proposición no de ley para pedir «que se tipifique como delito de desobediencia civil que se despida a trabajadores en empresas que siguen teniendo beneficios», cuando el empresario incumpla «los derechos del trabajador en el caso de despidos sin causa justificada».
Así lo ha manifestado Lara en rueda de prensa en la sede de IU, en la que ha anunciado que la iniciativa tiene como objetivo «evitar que empresas con beneficios puedan despedir trabajadores», uno de los efectos que, tal y como ha denunciado, está teniendo la reforma laboral aprobada por el Gobierno.
«Las empresas están aprovechando la reforma para despedir barato y fácil. Nunca en la historia de la democracia se le ha hecho un regalo así a la CEOE para que pudieran despedir de una forma tan fácil y tan barata», ha asegurado, para añadir que la aplicación de la reforma «ha sido un fiasco, que no solo no ha creado ningún empleo sino que sólo sirve para destruir más empleo».
De este modo, en la Proposición ponen de manifiesto que «con el actual marco legal, se entiende que concurren causas económicas para despedir de forma legal colectiva o individualmente, con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un límite de 12 mensualidades, cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas».
«INGENIERÍA CONTABLE»
Así, Lara ha denunciado que las empresas están haciendo «ingeniería contable», externalizando en algunos casos la producción, para justificar los tres trimestres consecutivos de disminución del nivel de ingresos o ventas y así poder beneficiarse del supuesto introducido en la reforma laboral para despedir a los trabajadores justificadamente y con una indemnización de 20 días, aunque tengan beneficios.
Por todo ello, piden llevar a cabo las medidas legales oportunas para «establecer que concurren causas económicas para objetivar la extinción de contratos de trabajo únicamente cuando de los resultados de la empresa se desprenda una progresiva evolución económica negativa que haya conducido a una situación de pérdidas y que impidan el desarrollo de la actividad de la empresa».
Asimismo, solicitan establecer «que en el caso de despido declarado improcedente sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión en su puesto», así como que para este supuesto se establezca una indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades.
Por último, piden «tipificar como delito de desobediencia civil el incumplimiento por parte del empresario de los derechos del trabajador en el caso de despidos sin causa justificada».
Por otra parte, Lara ha asegurado que los datos de desempleo publicados ayer por la oficina estadística comunitaria Eurostat, y que sitúan el número de parados en España cerca de los seis millones, vienen a demostrar que las «políticas de recorte y ajuste duro del Gobierno» están llevando a «más recesión y más paro».
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