Recursos Humanos Digital La Asociación Profesional del Trabajo Autónomo de Euskadi UATAE ha alertado de que muchos empresarios autónomos continúan «en riesgo» de cesar en su actividad debido a la crisis, tras concluir el año 2012 con una pérdida de 3.005 empleos de este tipo en el País Vasco.
Fuentes de la asociación citada han explicado a Efe que el ejercicio de 2012 ha sido «un año muy duro» para el colectivo de profesionales autónomos y que 2013 se presenta de igual manera.
Según los datos que han aportado, en el País Vasco operan un total de 173.900 profesionales autónomos. De los 3.005 empleos de este tipo perdidos en 2012 en Euskadi, 1.454 corresponden al sector de la construcción, mientras que 637 bajas se registraron en el ámbito de las industrias manufactureras.
Los únicos sectores que el pasado año experimentaron un crecimiento del número de autónomos en Euskadi fueron los de educación y sanidad, que contabilizaron 122 y 145 altas de este tipo de profesionales, respectivamente.
Las fuentes de la UATAE consultadas han señalado que los negocios de muchos de los trabajadores autónomos que operan en Euskadi atraviesan una situación complicada, sobre todo, los de aquellos dedicados al sector de la construcción, y están necesitados de reorientación hacia otras áreas de actividad.
Para UATAE Euskadi, es «fundamental» proporcionar una formación adecuada al colectivo con el fin de que se propicie una reorientación de actividades hacia áreas de negocio con mayores «salidas de mercado» como, por ejemplo, el denominado «empleo verde» o las actividades relacionadas con la ayuda a la tercera edad.
Según han sostenido desde la asociación, «hay que apostar por el emprendimiento y apoyar al autónomo» en un momento de crisis económica, en el que el autoempleo se presenta como una posible salida.
Los responsables de UATAE Euskadi tienen previsto solicitar en próximas fechas una reunión al nuevo Gobierno vasco para tratar sobre la situación del colectivo, muy afectado por medidas fiscales como la subida del IVA, por la dificultad de acceso a la financiación y por «la morosidad» de las Administraciones públicas, según han indicado las mismas fuentes.
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