Recursos Humanos Digital Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrían ver descontada la mitad de su sueldo cada día que falten al trabajo por enfermedad o accidente sin llegar a causar baja, a partir de la quinta de estas ausencias, aunque cuenten con un justificante médico, según indicaron fuentes sindicales a Europa Press.
Así lo recoge según estas fuentes la resolución propuesta este miércoles por el departamento que dirige Cristóbal Montoro a los sindicatos de la función pública durante la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para cerrar la nueva regulación de la distribución de la jornada de trabajo y horarios de esta parte del sector público, que incluye a unos 300.000 trabajadores.
La reunión ha acabado sin acuerdo y esta regulación está previsto que esté vigente para el próximo 1 de enero, con lo que, sin nuevas reuniones a la vista, todo apunta a que la propuesta presentada por Hacienda será la resolución definitiva.
Según establece la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador puede ausentarse por enfermedad de su puesto de trabajo durante tres días antes de causar baja.
DECRETO DE JULIO
El Gobierno fijó en el decreto en vigor desde el 15 de julio que los empleados verían reducido su salario en un 50% entre el primer y tercer día de baja y que éste no superaría el 75% de lo que vinieran percibiendo hasta el vigésimo día.
Con posterioridad, una enmienda de los ‘populares’ a los Presupuestos para 2013 venía a estrechar aún más el cerco contra el absentismo en la AGE y señalaba que en casos de ausencias por enfermedad o accidentes que no den lugar a situación de incapacidad temporal también se producirá un descuento del 50% del sueldo por cada uno de estos días.
Si bien, la misma enmienda disponía que en el caso de la Administración General del Estado, organismos y entidades de dependientes de la misma y órganos constitucionales, este descuento no se aplicará cuando el número de días de ausencia no superase «la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados en la misma».
Ese número tope de ausencias por enfermedad se ha fijado en cuatro días, con lo que a partir del quinto una gripe o un accidente doméstico puede llevar a un empleado de la AGE a perder la mitad de su salario de ese día.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda resumieron el contenido de la resolución e indicaron, sin embargo, que «se refuerza la necesidad de que los empleados públicos registren en el sistema de control horario del centro de trabajo todas las entradas y salidas correspondientes a su modalidad de jornada».
Además, los subsecretarios de los departamentos ministeriales, a través de inspectores de servicios departamentales, promoverán programas de cumplimiento de la jornada de trabajo y de control de absentismo y se deberá remitir trimestralmente a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas información sobre el cumplimiento de jornadas y horarios de trabajo y sobre niveles de absentismo.
Según Hacienda, estas medidas se encaminan a que «conductas individuales no perjudiquen la imagen de un colectivo cumplidor y dedicado siempre al servicio del ciudadano».
COMPENSACIÓN DE LOS ‘MOSCOSOS’
Asimismo, según Hacienda, la misma propuesta incluye que los empleados públicos verán compensada la reducción de seis a tres los días de libre disposición, comúnmente llamados ‘moscosos’, disponiendo a lo largo del año de cinco días de vacaciones al margen del periodo vacacional, según fuentes sindicales.
Además, en el caso de alguna festividad caiga en sábado, estos empleados contarán con un día de libre disposición más para compensar esta libranza no disfrutada.
Asimismo, la resolución incluye que estos empleados deberán disfrutar al menos el 50% de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, algo a lo que hasta ahora no estaban obligados; y en materia de conciliación la posibilidad de dedicar media hora, en lugar de una hora, para comer y poder finalizar la jornada de trabajo media hora antes.
En materia de jornada y horarios, la resolución también pone ‘negro sobre blanco’ la ampliación de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, fijada en el Decreto de medidas urgentes del 30 de diciembre, y precisa que en aquellos centros de trabajo en los que es preciso cerrar en el mes de agosto por falta de actividad, los empleados públicos estarán obligados a tomar vacaciones en dicho mes.
En el capítulo de conciliación, los empleados que tengan discapacitados a su cargo hasta el primer grado de consanguineidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo. Antes, esta posibilidad sólo se contemplaba para empleados con hijos con discapacidad.
CSI-F VALORA NEGATIVAMENTE EL TEXTO
Con estas propuestas sobre la mesa, los sindicatos han decidido no firmar. Del lado CSI-F, se señala que, dentro de la «cautela» que cabe tomar a la espera de ver cómo se concreta la orden ministerial que redacte el Gobierno, parece que «se cargan de nuevo las tintas contra los empleados públicos», a los que se presupone además un mayor nivel de absentismo que en el sector privado.
«Eso es falso», aseguran fuentes del sindicato, que además han criticado que las medidas presentadas por Hacienda se basan en un «supuesto ahorro». Con todo, desde CSI-F considera «positivo» que se hayan reconocido cinco días de vacaciones para uso individual durante el año, lo que, a su juicio, «amortigua» el recorte inicial de los ‘moscosos’.
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