Recursos Humanos Digital Las asociaciones de jueces y fiscales realizarán este miércoles un paro de una hora, entre las 12.00 y las 13.00, así como concentraciones ante las sedes judiciales para protestar por las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia.
Esta movilización a nivel nacional fue convocada el pasado 28 de noviembre, cuando las siete asociaciones integradas en la denominada Comisión Interasociativa Permanente anunciaron, además, que no descartaban la celebración de una huelga en enero de 2013 si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé, entre otros cambios, la práctica desaparición de los jueces sustitutos y una reducción de sus días de permiso.
A juicio de los convocantes, la Administración de Justicia atraviesa «una grave situación de falta de medios personales y materiales que empeorará con las medidas anunciadas», puesto que provocará «mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos». Asimismo, consideran que las tasas judiciales «limitarán el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia».
Durante el acto «en Defensa de la Administración de Justicia» celebrado este martes, que forma parte de las movilizaciones acordadas por el citado Comité, los representantes de las asociaciones han insistido en que las reformas suponen un ataque a la Administración de Justicia como servicio público y han manifestado que ya no consideran como «interlocutor válido» al ministro Ruiz-Gallardón. Quieren una «reunión urgente» con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La Comisión Interasociativa Permanente está formada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia (JpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Durante el acto de este martes, tanto estas asociaciones como las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios -un total de 18 colectivos-, han coincidido en las críticas al ministro, al que han exigido que «rectifique» para evitar una «mercantización» y «privatización» de este servicio que nos sitúa en épocas «precnostitucionales».
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