RRHH Digital La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha manifestado que este órgano «comprende» el malestar existente en la Carrera Judicial, si bien considera que una eventual huelga de jueces no tiene cobertura en el ordenamiento jurídico y que la ciudadanía «difícilmente va a comprender» que un poder del Estado «pare la Justicia» para hacer publicas sus reivindicaciones.
Así se ha pronunciado Bravo en rueda de prensa después de que siete asociaciones de jueces y fiscales hayan amenazado con la convocatoria de una huelga en enero de 2013 si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Según Bravo, el Consejo comprende el malestar en la Carrera, que a su juicio deriva de las deficiencias estructurales y el «déficit organizativo» existente en la Administración de Justicia, que se ve agravado por el aumento de la carga de trabajo como consecuencia de la crisis económica.
Pese a compartir los motivos del enfado, el Consejo reitera lo dicho en 2009 con ocasión de la huelga realizada al ministro socialista Mariano Fernández Bermejo.
En dicha ocasión, el CGPJ no amparó los paros aduciendo que una huelga en la Judicatura no tiene cobertura legal en nuestro Ordenamiento Jurídico y que la ciudadanía no va a entender que la Administración quede paralizada por quienes representan un Poder del Estado. «No es la mejor medida para exteriorzar el desacuerdo», ha insistido Bravo.
Las asociaciones han acordado, de momento, la convocatoria el 11 de diciembre de un «acto público de defensa de la Administración de Justicia» y un paro de una hora para el día siguiente ante las sedes judiciales de todo el país.
INDULTOS
Bravo también ha sido cuestionada por el manifiesto hecho público por cerca 200 jueces que critica el uso «grosero y desviado» de la institución del indulto por el Gobierno tras la concesión de la medida de gracia a cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra. Habían sido condenados por torturas conmutándoles los dos años de prisión por 7.200 euros de multa pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre.
A este respecto, la portavoz del CGPJ ha recordado que la facultad de indultar es competencia del Gobierno y que el órgano de gobierno de los jueces no iba a hacer valoraciones «más allá del respeto a las críticas que determinadas asociaciones puedan hacer».
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.