RRHH Digital La Comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados ha dado luz verde con potestad legislativa plena al proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, que, entre otras cuestiones, persigue el cobro indebido de prestaciones por desempleo, el empleo ilegal o la creación de empresas ficticias para defraudar al sistema.
Sin embargo, la norma ha prosperado con los únicos votos a favor del Grupo Popular, después de haber transaccionado un total de 12 enmiendas con los grupos, que habían presentado más de un centenar de ellas.
El Grupo Socialista, CiU y UPyD ha optado por la abstención en términos generales –el dictamen no se ha votado como texto único–, mientras que Izquierda Plural ha mostrado su oposición frontal al texto, al que previamente había presentado una enmienda a la totalidad que posteriormente fue rechazada.
Según ha indicado la portavoz del Grupo Popular, Carmen Álvarez-Arenas, las 12 enmiendas transaccionadas «incorporan de manera directa o indirecta» en espíritu 42 enmiendas de otros grupos y de las cinco presentadas por los ‘populares’ que permanecieron vivas tras el trámite de ponencia.
CRITICAS DE LA OPOSICIÓN EN BLOQUE
Pese a que el proyecto de Ley ha sido finalmente aprobado, la mayoría de los portavoces han coincidido en lamentar la ausencia en el texto de un mayor control de la contratación en cascada y del contrato a tiempo parcial, que impulsa la reforma laboral, de un mandato para aumentar las plantillas en la inspección de trabajo y de medidas complementarias en otros ámbitos para evitar el empleo sumergido.
En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista, Magdalena Valerio, que ha calificado el proyecto de Ley de «endeble», ha considerado necesario obligar a los empresarios a «asegurarse de que la subcontrata está al corriente de los pagos con la Seguridad Social», y ha alertado de que el contrato a tiempo parcial puede ser una puerta abierta al empleo irregular.
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha coincidido en dar al empresario principal la responsabilidad de conocer el estado de las empresas subcontratadas, y ha enfatizado la conveniencia de adoptar medidas complementarias para garantizar el afloramiento del empleo ‘en negro’.
En el caso de Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha asegurado sentirse «decepcionado» por la Ley y ha insistido en abordar el empleo irregular «desde su origen, que es un modelo laboral basado en la competitividad de costes y en el ‘todo vale'».
Asimismo, sobre el contrato a tiempo parcial, ha señalado que «incentiva el empleo irregular» y ha pedido «más recursos» para la Inspección de Trabajo, más aún cuando la contratación irregular en España «no es una anomalía es una estrategia».
Por UPyD, Álvaro Anchuelo ha considerado «insuficiente» la Ley y ha propuesto ir más allá en el endurecimiento de las sanciones. Además, ha pedido acercar las plantillas de la Inspección de Trabajo a la media de la UE, donde existe un inspector por cada 7.000 trabajadores, frente a los 20.000 que le corresponden a cada efectivo en España.
Por otro lado, por el Grupo Mixto, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha insistido en liberar a la plantilla de la Inspección de Trabajo de cualquier recorte de efectivos, mientras que Sabino Cuadra (Amaiur) ha criticado el «tufillo reaccionario» del texto, pues, a su juicio, «sitúa detrás de cada parado la existencia de un vago».
OLABARRÍA: «DE ESTA MANERA NO SE PUEDE LEGISLAR»
Algunos de los grupos también han echado en cara a los ‘populares’ su falta de permeabilidad a las enmiendas presentadas y una supuesta falta de diálogo.
El más duro en sus críticas, ha sido el portavoz de EAJ-PNV, Emilio Olabarría, quien, aunque dijo dar «un voto de confianza» a la ley, denunció un «déficit de interlocución».
«De esta manera no se puede legislar. Es un principio de prostitución del procedimiento legislativo. Así no vamos a ninguna parte», ha llegado a decir.
Asimismo, Coscubiela lamentó que incluso algunas de sus enmiendas técnicas planteadas por su grupo han sido rechazadas por el Grupo Popular y puso en duda su voluntad de acuerdo.
Antes estas acusaciones, Álvarez-Arenas ha asegurado que «no se ha impuesto nada, ni ha faltado tiempo para el diálogo». «Ha habido diálogo con los grupos sociales y con los actores más importantes como todo el cuerpo de inspectores y subinspectores de la Seguridad Social», añadió.
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