Recursos Humanos Digital Anna Tarrés reclama a la Real Federación Española de Natación (RFEN) 350.000 euros por atentar contra sus derechos fundamentales en el ámbito laboral al ser relevada como seleccionadora del equipo de sincronizada tras los Juegos de Londres. Esta es la cantidad que ha solicitado en el Juzgado de lo Social número 2 de Tarrasa (Barcelona) y en el que ha acusado a la RFEN y a su presidente, Fernando Carpena, de atentar contra su dignidad personal e incurrir en acoso moral.
La compensación económica que exige Tarrés es la estimada de dos anualidades del salario bruto que cobraba de la Federación (85.000 euros), más otras dos en premios por medallas en campeonatos internacionales (65.000 euros en 2012), a lo que hay que sumar otros 50.000 euros de indemnización por daños morales. Según la parte demandada, la RFEN está detrás de la carta que 15 ex nadadoras firmaron contra Tarrés, a la que acusaron de trato vejatorio durante las concentraciones, y que la misma ha atentado contra su dignidad y su propia imagen.
La demandante ha intentado demostrar el vínculo existente entre Carpena y el origen de la carta recordando la vinculación del presidente con la familia Violán. El hijo de Carpena es la pareja sentimental de Luisa Violán, hermana de tres de las ex nadadoras que firman la carta contra Tarrés y, el borrador de dicha carta se escribió, según la parte demandante, desde el ordenador de Jorge Violán, consuegro del presidente del RFEN.
Además, ambas familias -los Carpena y los Violán- pasaron juntos una semana de vacaciones en Tenerife en agosto pasado, días antes de que la federación comunicase a Tarrés que no seguiría en el cargo. Este extremo ha sido reconocido por el propio Carpena, pero ha negado rotundamente estar detrás de la carta e, incluso, ha dicho no haberla leído nunca «en su totalidad» y haberse enterado de la noticia «por un taxista» que lo llevó al CAR de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) el día que estalló el escándalo.
Violán, Seguí y Casals
En la vista ha declarado como testigos tres de la ex nadadoras que firmaron contra Tarrés: Cristina Violán, una de la impulsoras de la carta, Neus Seguí, la autora de la última versión de la misma, y Julia Casals. Todas ellas han asegurado que Carpena no tuvo ninguna intervención en la redacción del escrito -las dos últimas han asegurado no conocerlo personalmente- pero tampoco han precisado nada respecto a las supuestas vejaciones sufridas durante los entrenamientos.
La defensa de la ex seleccionadora, por su parte, ha querido dejar claro que de las 15 sólo cuatro llegaron a ser internacionales absolutas y que el resto pertenecía al equipo júnior que entrenaba Bet Fernández, circunstancia que ella misma ha confirmado en su posterior declaración.
A la conclusión del juicio, Anna Tarrés se ha mostrado disgustada por lo que considera «un desagradable final» a sus 15 años al frente de la sincronizada. «Nunca se restituirá el daño que se me ha hecho a mí, a mi familia y a la sincronizada», ha asegurado Tarrés, quien no ha querido valorar las declaraciones de las nadadoras -«ellas han explicado su verdad», ha dicho- y cree que «todo lo ocurrido se ha orquestado desde la Federación».
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