RRHH Digital CCOO apoya la opinión de jueces y otras instancias de la Sociedad Civil para que se paralicen los procesos de embargo de viviendas de ciudadanos cuyos impagos de hipotecas provengan del deterioro de situaciones económicas sobrevenidas.
Asimismo insta, mientras tanto, a que se aceleren los trabajos de reforma legislativa integral de este tipo de situaciones, dado que existe un consenso prácticamente unánime en el Parlamento para dar prioridad a la resolución de este dramático problema social.
CCOO solicita un pronunciamento del Consejo General del Poder Judicial que, sin perjuicio de la independencia de jueces y magistrados, promueva la aplicación de las normas conforme a la realidad social en cada momento.
Y, por último, es imprescindible que las entidades financieras, como parte de los procedimientos de ejecución y desahucio, contribuyan a la solución de este problema facilitando esta paralización. Más aún si tenemos en cuenta que incluso en el escenario más adverso de los test de estrés de Oliver Wyman, las cifras imputables a las pérdidas de inmuebles de particulares representan para las entidades financieras sólo el 12% del total, lo que muestra, una vez más, que sin minusvalorar un riesgo de 33.000 millones de €, el problema financiero inmobiliario está en el riesgo promotor y no lo han creado los ciudadanos.
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