RRHH Digital El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha comparecido ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para dar cuenta de las recomendaciones del Gobierno en materia de reforma de pensiones, proponiendo retrasar la jubilación anticipada a los 63 años y asumir que la compatibilidad entre la jubilación y el mantenimiento del trabajo sea un principio general del sistema.
En una larguísima intervención, Burgos ha señalado que uno de cada dos ciudadanos se jubilan de manera anticipada, por lo que el retraso progresivo hasta 2027 de la edad legal de retiro a los 67 años «no servirá de mucho» si se mantiene esa situación. «Incrementar la edad legal sin actuar sobre otros elementos hará que ese porcentaje (de jubilaciones anticipadas) se incremente en mucha mayor medida», ha avisado.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo propone «acotar» las dos modalidades de jubilación anticipada y fijar en los 63 años ese umbral, dejando en los 61 años a los trabajadores de empleos «penosos, peligrosos, tóxicos» y a los discapacitados. En esta línea, ha instado también a «reflexionar» sobre la jubilación anticipada en el sector público.
COEFICIENTES DE REDUCCIÓN
A renglón seguido, Burgos ha afirmado que quienes más se acogen a la jubilación anticipada son las personas con salarios más altos, lo que les garantiza pensiones casi un 9% superiores a quienes cumplen toda la vida laboral. Esto impacta en el coste para la Seguridad Social, que entre 2005 y 2011 se incrementó un 87%, pasando de 101,6 a 189,9 millones este gasto. «Son costes excesivos, y lo serán mucho más en el futuro», ha pronosticado.
Sin embargo, los coeficientes reductores no corrigen este fenómeno sino que incluso lo agravan en algunos casos, como con bases reguladoras altas, que tienen los mismos coeficientes que otras inferiores, con lo que «la pensión acaba siendo la misma pese a cotizar varios años» más, lo que actúa de «incentivo para el abandono prematuro» del mercado laboral.
Por eso, Burgos ha defendido que no sean «directamente proporcionales al número de años de anticipo de la edad de jubilación, que sólo sean aplicables a partir de un número de años cotizados, que se puedan reducir conforme aumenta ese periodo pero que no haya saltos por pequeñas diferencias». Además, cree que «el anticipo de la jubilación debe calcularse sobre la edad legal» y sobre la base reguladora –para no beneficiar a las más altas–. «Es posible un sistema más equitativo que ahorre recursos», ha asegurado.
En este sentido, ha dicho que se mantendrán las modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de las prestaciones para quienes se hayan acogido a jubilaciones anticipadas no voluntarias por EREs o convenios, y sólo se modificarán los coeficientes reductores y su cálculo.
COMPATIBILIZAR TRABAJO Y PENSIÓN
El Gobierno también plantea dar cumplimiento a recomendaciones del Pacto de Toledo y la CE para fomentar la «compatibilización» entre la pensión y el trabajo, que hoy está «muy restringida» y desincentiva la continuidad en el mercado laboral, con lo que España seguirá la senda de otros países europeos cuyas tasas de ocupación de mayores quedan «muy lejos» de las españolas y «con buenos resultados».
«Esto supone cambiar la incompatibilidad generalizada, y asumir como regla general la compatibilidad, siempre limitada y condicionada, desde la óptica del incentivo a la prolongación de la vida laboral y de dar mayor capacidad de decisión al ciudadano», ha precisado Burgos, señalando que por cada persona que prolonga su vida laboral hay siete que se jubilan anticipadamente y desligando la ocupación de los mayores del paro juvenil. «No hay un número de empleos a repartir», ha ironizado.
Así, la idea es contar con «mecanismos flexibles» y «opciones más amplias» para acogerse a esta opción, más allá de posibilidades actualmente disponibles como la jubilación demorada o la del trabajo agrario por cuenta propia, entre otras. En concreto, se propone que los trabajadores por cuenta propia y ajena, una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilación y contando con el 100% del periodo de cotización necesario para acceder a la pensión, puedan seguir trabajando en el sector privado sin que se modifiquen las condiciones de su pensión.
No se cotizaría más que por incapacidad temporal, enfermedades profesionales y accidente de trabajo, aunque «podría habilitarse una cotización de solidaridad» para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. La pensión que se percibiría en estas circunstancias sería «un porcentaje a determinar, que podría ser objeto o no de revalorización», si bien al finalizar la actividad se recuperaría «de forma íntegra».
«Con esta propuesta gana la persona, la sociedad y la Seguridad Social», ha dicho Burgos, sin precisar cuánto se podría ahorrar ya que dependería de diversas variables.
JUBILACIÓN PARCIAL
Con respecto a la jubilación parcial, que «se planteó como elemento de flexibilidad e incentivo para continuar en el mercado laboral», ha explicado que «ha devenido en una fórmula específica de anticipo de jubilación sin penalización». «Una fórmula privilegiada con costes que recaen totalmente en la Seguridad Social», ha añadido.
Así, quienes se acogen a esta posibilidad «se ciñen a la jornada mínima exigida por la ley, que en muchos casos ni siquiera cumplen de forma efectiva», y además cuentan con pensiones medias un 17% superiores a las anticipadas y casi un 28% de las generales.
Dado que a juicio del PP la ley 27/2011 «no resulta suficiente» para corregir esta situación, el Ejecutivo propone «adecuar la edad de acceso a la jubilación parcial de forma acompasada con la edad legal», modificar la jornada laboral obligatoria para que llegue hasta el 50% (en lugar del actual 27%), dar un tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa, prolongar la vigencia del contrato de relevo y establecer «cautelas» para evitar un uso «indebido», aumentar el periodo mínimo de cotización exigido a 33 años e incluso introducir coeficientes reductores.
RETOS DE FUTURO
Burgos ha insistido también en diversas ocasiones en que el objetivo de estas propuestas no es ahorrar –aunque haya efectos positivos en este sentido– ni resolver una situación de crisis, sino hacer frente a los retos del sistema de cara al futuro, tales como el envejecimiento de la población o el retraso en la entrada al mercado laboral.
«Las normas no son intocables ni los errores e ineficiencias han de ser arrastrados irremisiblemente», ha dicho, justificando que se toque la norma antes incluso de su entrada en vigor en que se han detectado «lagunas» que «por responsabilidad» hay que subsanar lo antes posible, a la espera de que llegue la verdadera solución: la creación de empleo y, con ello, de nuevos cotizantes.
También ha justificado esta postura pese al rechazo del PP a la ley 27/2011 en que esa norma «construía la casa por el tejado» al retrasar la jubilación sin intentar incentivar a la gente a continuar trabajando más años, y ha abogado por repensar también las bonificaciones a la contratación, que eran ineficientes.
«La prolongación de la vida laboral es condición necesaria para garantizar el sistema de pensiones. Vamos a pasar de un sistema en que un abuelo tenía cuatro nietos a uno en que un nieto tiene cuatro abuelos, y eso produce un cambio drástico», ha dicho, ofreciéndose a negociar con el resto de partidos políticos y asegurando que la intención del Gobierno es que estos cambios se avíen con celeridad porque «no sería razonable por seguridad jurídica que se solapen aspectos que queremos modificar».
En cualquier caso, ha asegurado que «el escollo» para llegar a acuerdos no será que las modificaciones deban entrar en vigor el 1 de enero con la normativa original, sino que «no hay fechas estrictas de aprobación».
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