Recursos Humanos Digital La jornada de huelga general convocada para el próximo miércoles día 14 no interferirá en el normal desarrollo de las iniciativas parlamentarias en las Cortes autonómicas. La Mesa y la Junta de Portavoces celebradas ayer ordenaron el próximo pleno de la Cámara que se celebrará, como estaba previsto, los días 14 y 15 de noviembre.
En esta novena huelga general de la democracia, el planteamiento de los grupos de la oposición será el de apoyar sin fisuras las movilizaciones en la calle. El grupo popular se quedará en consecuencia en solitario el día de la huelga, una vez confirmado que los diputados de EU no acudirán a la Cámara para integrar los «piquetes informativos» que se montarán en la jornada de huelga, mientras que los diputados socialistas y los de Compromís han planteado una jornada de «servicios mínimos» en las que un solo diputado fije la posición de grupo respecto a las iniciativas que se presenten en el pleno.
Se repite así el esquema de la huelga general del pasado 29 de marzo, cuando el PSPV acudió con seis de sus 33 diputados para poder formular la pregunta de control al presidente de la Generalitat (Jorge Alarte, Carmen Martínez, Cristina Moreno, Francisco Toledo, Ángel Luna y Carmen Ninet); Compromís con 1 de 6 (Enric Morera); EU no asistió y el PP presentó a 50 de sus 55 diputados.
138 euros brutos
Esquerra Unida ha enviado un escrito a la Mesa de las Cortes en el que pide que se detraiga de la nómina de sus diputados la cantidad correspondiente a una jornada de trabajo, lo que supondría 138 euros brutos. La realidad, sin embargo, indica que las Cortes no pueden descontar ese salario porque los diputados no están sujetos a una relación laboral regida por el Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, las Cortes nunca han retenido parte del sueldo de un diputado por su no asistencia a un pleno y en esta ocasión tampoco lo harán en virtud de lo consignado en el artículo 13 del reglamento de la Cámara: los diputados «percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficazmente y dignamente su función».
El escrito de EU, por lo tanto, supone una suerte de «brindis al sol» dada la imposibilidad legal de que tenga una traslación práctica.
El Parlamento autonómico pagará así el sueldo con total normalidad a los diputados que decidan hacer huelga y, como es habitual, lo remitirán a los cuatro grupos parlamentarios para que éstos, si lo desean, descuenten la parte proporcional a quien haya hecho huelga. Por tanto, es la decisión de cada grupo la que marcará el destino del hipotético descuento pero la realidad es que la percepción será la misma a final de mes.
Los diputados socialistas afirman que entregarán cada uno la parte del sueldo descontada «a la institución que considere conveniente», mientras que EU lo cederá a su propia formación para que lo destine a la partida del 0,7% de su presupuesto que cada año destina a organizaciones de cooperación.
La decisión de los diputados de la oposición de abstenerse de defender los derechos de los ciudadanos que les han votado vulnera, sin embargo, el artículo 18 del reglamento de las Cortes que especifica que «tienen el deber de asistir a todas las sesiones del Pleno de las Cortes y de las comisiones de las que formen parte, así como desempeñar las funciones a que reglamentariamente vengan obligados».
Menos digerible es que las Cortes no puedan descontar el sueldo de sus diputados en una situación como la que se registrará el miércoles, algo que avala la tesis de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, decidida a fijar la retribución de los diputados autonómicos en función de sus asistencias a plenos y comisiones.
Las percepciones de los diputados se sitúan en un cierto limbo normativo pero, según algunos integrantes de la Cámara autonómica consultados por ABC, el salario de sus señorías se estructura de forma similar al de cualquier otro trabajador con unas cotizaciones sociales que las Cortes paga por todos ellos. Plantean por ello que aunque la ley no obliga a las Cortes a descontar el salario de los días que ejerzan el derecho a la huelga, tampoco se lo exige a las empresas privadas, por lo que este debate «se debería abrir».
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