Recursos Humanos Digital Catorce sindicatos representantes de los trabajadores de la Administración Pública de Cataluña alertan de que la entrada en vigor el 31 de octubre de una normativa que desarrolla la reforma laboral del Gobierno puede poner en peligro a 117.000 empleos de personal laboral.
Así lo ha explicado en una rueda de prensa en Barcelona la portavoz de CC.OO. de Enseñanza, Montse Ros, arropada por sindicatos del ramo como UGT, Anpe, Aspec-Sps, Csif, Iac, Usoc, y también de otras disciplinas como Médicos de Cataluña, Gestha y Siat –Hacienda–, Staj –Justicia–, Satse y Usae –Enfermería–, quienes han rubricado un manifiesto que convoca a manifestarse este jueves a las 17.30 horas.
Según Ros, la reciente norma puede extinguir contratos del personal laboral con la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), sin ofrecer alternativas como la reducción de jornada o sueldo, y ha pronosticado que el colectivo más afectado pueden ser los docentes de apoyo a alumnos con discapacidad de las escuelas, y, en las universidades, los profesores asociados y el Personal Docente de Investigación (PDI).
Los sindicatos se han mostrado preocupados por la pérdida de puestos de trabajo, de condiciones laborales y por el deterioro de los servicios públicos provocado, en parte, por la falta de trabajadores, así como por las políticas de los gobiernos español y catalán.
Así, los sindicatos citados han creado una «plataforma estable de defensa» a nivel de toda Cataluña bajo el lema ‘Fem-los front!’ (¡Plantémosles cara!), que prevén que tenga continuidad tras la manifestación del jueves, si bien no detallarán las líneas de trabajo hasta después de la huelga general del 14 de noviembre, que también secundan.
«Estamos en manos de neoliberales, aunque vayan con banderas», ha alertado el portavoz del sindicato de enseñanza IAC, Luís Blanco, a lo que ha añadido que no hay ningún funcionario que tenga el puesto asegurado.
REFORMA LABORAL
Los sindicatos también han celebrado que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso que impugna la Reforma Laboral, y se han sumado a la petición de ICV-EUiA de que la reforma no se aplique de forma cautelar hasta que el TC se pronuncie: «Demuestra que hay algún elemento dudoso de constitucionalidad».
Así, han recordado que la huelga general convocada tiene mucho que ver con la Reforma, y han señalado: «Esperamos tumbarla en la calle y en los juzgados».
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