Recursos Humanos Digital El PP propone en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 retrasar un año la entrada en vigor del pago obligatorio de cuota por contingencias profesionales por parte de los autónomos a la Seguridad Social que se den de alta a partir del próximo 1 de enero.
Según consta en su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la situación económica actual y la necesidad de fomentar el autoempleo y el emprendimiento hacen necesario «mantener transitoriamente» la voluntariedad en el pago de las coberturas por contingencias profesionales en los trabajadores por cuenta propia.
Así, se retrasa hasta el 1 de enero de 2014 la obligación de cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a todos los Regímenes de la Seguridad Social, tiempo durante el cual seguirá vigente el régimen actual.
De esta manera se les evitará «el sobrecoste que supone el tener que pagar obligatoriamente la cuota por contingencias profesionales, además de la cuota ordinaria», justifican los ‘populares’.
ACCESO A LA JUBILACIÓN
Por otra parte, el PP precisa con otra enmienda la edad de cobro de la prestación equivalente a la jubilación en el caso de partícipes sin posibilidad de acceso a dicha situación. Así, a partir de ahora queda fijado en los 65 años el momento en que se puede acceder a dichas prestaciones, mientras que hasta ahora la definición era mucho más imprecisa, limitándose a «la edad ordinaria de jubilación».
En otro orden de cosas, los ‘populares’ presentan una enmienda en la que se autoriza al Estado a «retener o deducir» de las transferencias autonómicas una parte de los importes que se hayan comprometido mediante la participación en mecanismos de adquisición o instrumentos de compra centralizada.
«La finalidad es facilitar el cobro de los proveedores en los supuestos de adquisición mediante centrales de compras u otros instrumentos de cooperación entre administraciones públicas», explican los ‘populares’, que con su enmienda recuerdan que la Ley de Estabilidad Financiera impide que el Estado pueda responder de las obligaciones asumidas por otros niveles de la administración.
Por eso, se le permitirá que –previa autorización de la comunidad autónoma– retenga parte de los importes derivados de las compras centralizadas a cuenta de cada administración en las transferencias previstas en el sistema de financiación autonómica.
LEY DE EXPROPIACIONES
El PP ha presentado asimismo un grupo de enmiendas para modificar la Ley de Expropiación Forzosa, que data de 1954, justificándolo en el «incremento de las expropiaciones» y el «aumento correlativo de las impugnaciones judiciales».
Así, desde la entrada en vigor de los Presupuestos, en caso de que la autoridad judicial declare nula una expropiación –independientemente de la causa– el afectado deberá acreditar haber sufrido daños efectivos si quiere obtener una indemnización.
«No resulta coherente que, ante la nulidad de un expediente expropiatorio, se reconozca el derecho de indemnización indiscriminadamente, estimándose necesario exigir la acreditación del supuesto perjuicio ocasionado», precisan los ‘populares’.
En la misma línea, proponen otro cambio en la misma norma para ampliar de dos a cuatro años el tiempo mínimo para solicitar una retasación. Y es que, según afirma el PP, los procedimientos judiciales sobre los justiprecios que fija la Administración se prolongan de media unos cuatro años, por lo que se debe evitar que los afectados generen un derecho de retasación antes de que haya una sentencia firme.
De no modificarse este plazo, se da la «posibilidad de solicitar una o varias nuevas retasaciones, con indudable perjuicio para los expropiantes, que no son en modo alguno responsables de los retrasos» en las decisiones judiciales.
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