El Ministerio de Empleo y Seguridad Social gastó 4.200 euros en el vídeo sobre la reforma laboral que colgó en su página web el pasado mes de marzo, en plena campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias y que la Junta Electoral Central (JEC) ordenó retirar hasta la celebración de las elecciones.
En concreto, el coste está referido «de forma exclusiva» a los gastos de locución, edición y montaje, post-producción, incorporación del lenguaje de signos y los derechos de recursos procedentes de banco de imágenes, toda vez que se utilizaron grabaciones y medios propios para la elaboración del material. El soporte no tuvo coste alguno al tratarse de la propia web del Ministerio.
El gasto se articuló a través de un contrato menor realizado con una empresa «de acreditada experiencia en la elaboración de este tipo de materiales, según añade el Gobierno en su respuesta a una pregunta escrita del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, a este respecto.
Polémica en campaña.
Por otra parte, Empleo también justifica su decisión de difundir este vídeo en plena campaña electoral, algo que fue muy criticado por el resto de partidos, particularmente el PSOE, que calificó el vídeo de «nuevo despilfarro» del Ministerio en una campaña de publicidad «ilegal y engañosa» y promovida además en medio de dos procesos electorales, cuando la legislación lo «prohíbe expresamente». Por ello, llevó el caso ante la Junta Electoral, que ordenó su retirada hasta el final de la campaña electoral.
Además, los socialistas criticaron que el montaje fuera «publicidad engañosa» y una «mezcla de adulación y panegírico» que «introduce falsedades y datos inexactos con la intención de ‘vender’ la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP ocultando con todo descaro el abaratamiento general del despido».
En ese momento, la propia titular de Empleo, Fátima Báñez, ya respondió que el vídeo trataba de informar de las «bondades» de la reforma «Es información, no celebración de éxitos electorales», añadió.
Ahora, el Gobierno argumenta en su respuesta parlamentaria que este material «divulgativo» tenía como objetivo «informar a los ciudadanos de los principales aspectos relacionados con la reforma», cumpliendo así con la «obligación» de la Administración de «dar a conocer las medidas que pone en marcha a sus posibles beneficiarios, utilizando para ello los medios y soportes que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, toda vez que son los que aseguran mayor eficacia a un menor coste».
«En este caso concreto, se ha considerado importante que los empresarios de grandes y pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores de nuestro país conozcan las medidas impulsadas por la reforma laboral para favorecer la contratación», añaden, apuntado que «la urgencia por dar a conocer la reforma es la misma que justifica su aprobación como decreto-ley».
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