Recursos Humanos Digital La Guardia Civil ha detenido en varias provincias a 60 personas que integraban una red que, mediante una empresa fantasma de construcción, facilitaba a extranjeros el cobro fraudulento del paro y de ayudas familiares.
Según informó el Instituto Armado, la red expedía contratos falsos a extranjeros y realizaba altas ficticias en la Seguridad Social. Esta documentación se utilizaba para cobrar el paro y regularizar la situación en España de estos inmigrantes.
Se estima que el total de lo defraudado por la trama asciende a más de un millón de euros. Además de los 60 detenidos hay otras 12 personas imputadas.
La red, asentada en Segovia, tenía también ramificaciones en Alicante, Murcia, Girona, Las Palmas, Toledo, Ávila y Madrid.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil detectó que un gran número de trabajadores extranjeros, asentados en Segovia y otras provincias, regularizaban su situación administrativa en España utilizando contratos de trabajo de una empresa de construcción que parecía no tener actividad real alguna.
Posteriormente, se constató que esta empresa en realidad se encontraba en estado de disolución y que acumulaba pérdidas por valor de 150.000 euros.
Marroquíes
Los trabajadores de esta empresa, todos ellos extranjeros, utilizaban el contrato falso que se les expedía y el período que supuestamente habían trabajado en la misma para regularizar su situación administrativa en España mediante la solicitud de permisos de residencia y trabajo.
Además, utilizaban esos mismos documentos para solicitar prestaciones por desempleo y ayudas familiares. Por otro lado, se detectó que los contratos se utilizaban también para fundamentar solicitudes de reagrupamientos familiares que estaban en el extranjero, solicitar préstamos bancarios o permisos penitenciarios.
El responsable de la empresa pantalla -H.M.P., un varón de 45 años y vecino de Segovia- expedía los contratos falsos y las altas ficticias en la Seguridad Social previo cobro de una cantidad de dinero que oscilaba entre 200 y 500 euros por mes de alta en la empresa.
Esta persona realizaba sus actividades a través de un bar que regentaba en Segovia y no necesitaba hacer publicidad de su negocio, ya que rápidamente se difundió por el boca-boca entre la comunidad extranjera de Segovia, principalmente entre la de origen marroquí.
Durante la operación se han practicado registros en la sede social de la empresa, en el domicilio particular del presunto cerebro de la trama y en un domicilio de varios supuestos trabajadores, en los que se ha incautado documentación falsa como contratos de trabajo, nóminas, comunicaciones a la Seguridad Social, documentación fiscal, así como ordenadores y otros efectos.
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