Recursos Humanos Digital La nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tampoco presentará un recurso de inconstitucionalidad a instancia de los sindicatos CC.OO. y UGT contra la reforma laboral, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la institución.
Su antecesora, María Luisa Cava de Llano, desestimó la petición de los sindicatos, que no tienen potestad para realizar este trámite por sí mismos, y les emplazó a que la reforma finalizara el trámite parlamentario, a la espera de ver qué cambios se introducían.
Desde los sindicatos se consideró que las enmiendas incorporadas al texto durante su periplo parlamentario incluso lo empeoraban, por lo que reiteraron su petición a Becerril y el pasado 28 de septiembre le remitieron una carta para pedirle una respuesta.
Una vez superado este proceso, desde el Defensor del Pueblo explican que esta desestimación se debe a que ya se habían presentado con anterioridad otros recursos en la misma dirección, como es el caso del tramitado por PSOE e IU, y que en estos casos «éste es el procedimiento habitual».
MOLESTIA EN LOS SINDICATOS
CC.OO. y UGT han remitido un comunicado conjunto en el que rechazan «el fondo y la forma» de la decisión de Becerril, ya que, tras la carta remitida apremiándole una respuesta, no han recibido comunicación alguna y han tenido conocimiento de forma indirecta de la desestimación de su solicitud.
«Puesto que hasta el momento no hemos recibido comunicación alguna de esa institución, desconocemos los argumentos que han podido motivar la no presentación del recurso más allá de lo aparecido en los medios», indican.
«Resulta lamentable la forma en la que los interesados nos hemos enterado de esta decisión», añaden, para apostillar que, aunque la respecta, «en absoluto» la comparten.
Según CC.OO. y UGT, «la interposición de recurso por parte de algunos grupos parlamentarios, así como la presentación de cuestión de inconstitucionalidad por parte de algún juzgado de lo social, no puede justificar la inacción de una institución como la del Defensor del Pueblo».
«No se trata de entrar en peleas políticas, sino de defender los derechos y libertades de millones de trabajadores de nuestro país afectados por una reforma laboral que, al entender de una amplia mayoría, incurre en inconstitucionalidad», sentencian.
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