RRHH Digital El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) presentarán este viernes en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno como decreto el pasado mes de febrero y que el Congreso tramitó después como proyecto de ley.
Según se informó Europa Press en fuentes socialistas, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, llamó esta semana al coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, para ofrecerle la posibilidad de secundar el recurso que los servicios jurídicos del grupo parlamentaria ya tenían preparado.
Desde que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sacara adelante el decreto de reforma laboral, la Izquierda Plural instó a presentar un recurso de inconstitucionalidad, para lo cual necesitaba el apoyo de otros grupos parlamentarios ya que no podía ir directamente al TC por no contar con los 50 diputados que exige la legislación.
Los socialistas también mostraron su disposición a recurrir, pero preferían esperar hasta ver qué cambios sufría la norma durante su tramitación parlamentaria como proyecto.
Sin embargo, sus expectativas no se vieron colmadas pues, a su paso por Congreso y Senado, el PP sólo aceptó una veintena de modificaciones sugeridas por CiU pero sin hacer concesiones en los aspectos más controvertidos de la reforma: negociación colectiva, flexibilidad o indemnizaciones por despido.
115 FIRMAS
Tras recibir la oferta de Rubalcaba, Izquierda Plural ha accedido a sumarse al recurso y juntos han reunido 115 firmas de diputados: 104 de parlamentarios socialistas y los 11 de IU-ICV-CHA.
Así las cosas, los portavoces del PSOE, Soraya Rodríguez, y de la Izquierda Plural, José Luis Centella, acudirán este viernes al TC a registrar su recurso acompañados por el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, y del portavoz de IU-ICV en materia de Empleo, Joan Coscubiela.
También los sindicatos CC.OO. y UGT pidieron a la Defensora del Pueblo Luisa Cava de Llano que intercediera por ellos ante el TC para recurrir la reforma, cosa que rehusó por lo que las centrales sindicales insistieron una vez nombrada su sucesora, Soledad Becerril, que tiene de plazo hasta el lunes 8 de octubre para decidir sobre este asunto.
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