Recursos Humanos Digital Cientos de trabajadores itinerantes del sur de Asia siguen siendo explotados y sufriendo abusos en Bahréin a pesar de las reformas del Gobierno orientadas a velar por su protección, según ha informado este lunes en un informe la organización Human Rights Watch (HRW).RRHH
El informe recoge las diversas formas de abuso y explotación sufridas por los trabajadores itinerantes extranjeros en Bahréin y detalla los esfuerzos del Gobierno para compensar a los empleados y asegurar su protección. Las autoridades bahreiníes tienen que ofrecer garantías laborales, mecanismos de compensación así como procesar a los responsables de estos contratos, según HRW.
«Las autoridades bahreiníes entienden que los trabajadores itinerantes han contribuido a la construcción del país y han iniciado importantes reformas», ha señalado el subdirector de HRW para Oriente Próximo y el Norte de África. No obstante, sin una aplicación «más vigorosa» de estas reformas no se pueden abordar demasiado las violaciones de los derechos de los trabajadores, como los impagos y la confiscación de los pasaportes, según ha añadido.
Las reformas del actual Gobierno incluyen regulaciones de seguridad, medidas para combatir el tráfico de personas, campañas del derecho a la educación y normas para permitir a los trabajadores itinerantes abandonar las situaciones «abusivas» en las que se encuentran. La protección de los empleado o la denuncia por las retenciones salariales, la confiscación de pasaportes y el cobro de tarifas de contratación son algunas de las medidas que las autoridades no han llevado a cabo por el momento, según HRW.
No obstante, Human Rights Watch ha descubierto que aquellos que contratan a los trabajadores itinerantes no se enfrentan «en general» a las sanciones previstas en la legislación de Bahréin y «rara vez, o nunca» a consecuencias penales recogidas en el código penal. Varios trabajadores han declarado a HRW que llevan sin cobrar entre tres y diez meses e incluso una empleada del hogar no ha recibido su salario durante cinco años.
MESES SIN COBRAR
Raja H. lleva sin cobrar cuatro meses. «Mi padre murió y yo soy el hermano mayor», ha afirmado Raja. «Tengo hermanos y hermanas pequeños y uno está trabajando como albañil en Pakistán. Llamo a mi familia para pedirles dinero» porque «si no consigo dinero, ¿qué se supone que debo decir? Tengo esposa e hijos que van al colegio y esto es un gran problema», ha agregado.
Los trabajadores también han descrito los bajos salarios, las excesivas horas de trabajo y el abuso físico, psicológico y sexual al que son sometidos. HRW ha informado de que el índice de suicidios entre empleados itinerantes es «alarmantemente elevado»
«Trabajamos de 5:30 a 23:00», ha señalado Ayesha K. «No tenemos tiempo libre ni descanso. Ni siquiera tiempo para comer», ha añadido. El diario bahreiní ‘The Gulf Daily News’ publicó el pasado 18 de septiembre el caso de la trabajadora de 63 años Aakana Satyawati que ha estado sin cobrar dos años y que no ha podido visitar a su familia en India durante 21 años porque su jefe no se lo permitía.
Asimismo, Stork ha subrayado que los trabajadores domésticos «son a menudo víctimas de la cantidad de horas de trabajo por poco dinero y, en ocasiones, del abuso físico y sexual». «Estos empleados se enfrentan a un mayor riesgo de abuso si tienen menos protecciones legales», ha agregado.
Según el Ministerio de Trabajo, en 2009, 2010 y 2011 «sólo» se han resuelto el 30 por ciento de las quejas realizadas por los trabajadores itinerantes en comparación con el 56 por ciento de las hechas por empleados bahreiníes. «Si vas a hablar con los ministros para ver la ley, todo es perfecto y no se puede hacer nada», ha asegurado Marietta Dias, de la Sociedad para la Protección de Trabajadores Itinerantes. Los abogados han informado a HRW de que los tribunales tardan entre seis meses y un año en resolver los casos.
«Las autoridades deberían empezar por acabar con la cultura de impunidad (existente) por los abusos cometidos contra los trabajadores migrantes como resultado directo de la falta de persecución judicial y de la ejecución de las sanciones enmarcadas bajo su legislación», ha señalado Stork.
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