El CERMI pide sanciones más duras por el incumplimiento de reserva de empleo a personas con discapacidad

RRHH Digital El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento dirigido a los grupos parlamentarios en el Congreso con el objetivo de introducir enmiendas al Proyecto de Ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Socia, en el que pide, entre otras medidas, que se endurezcan las sanciones para aquellos que incumplen la cuota de reserva de empleo a personas con discapacidad.

   En este sentido, plantea modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota del dos

por ciento de reserva de empleo a personas con discapacidad en empresas con 50 o más trabajadores.

   De acuerdo con el CERMI, el hecho de que esta infracción se califique actualmente como falta grave, ocasiona que «muchas empresas no se vean realmente constreñidas a cumplir sus obligaciones», al ser menor el importe de la sanción que los costes de efectuar las contrataciones laborales o cumplir con las medidas alternativas.

   Además, la organización aboga por reforzar las sanciones por no cumplir con la cuota de empleo en la contratación pública. «La Administración no debe tener contrato alguno con quien infringe la regulación legal vigente», explica.

   En esta línea, el CERMI reclama que se excluyan del acceso a las subvenciones o ayudas de cualquier tipo a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.

   De hecho, recuerda que, en ámbitos como el laboral, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como muy graves o graves las conductas empresariales discriminatorias o que vulneren las normas que favorecen a las personas con discapacidad.

   «Sería una burla a las leyes que sujetos y personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como premio a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes», añade.