Recursos Humanos Digital Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes «las leyes represivas y las prácticas abusivas» mediante las cuales tanto el Gobierno como las compañías petroleras violan los derechos labores de «miles de trabajadores» del sector petrolero de Kazajistán.RRHH
La organización ha hecho público un nuevo informe relativo a los violentos enfrentamientos y a la huelga generalizada de los trabajadores del sector que tuvieron lugar en 2011 en el oeste de Kazajistán, que «revelan un problema más amplio de desprecio de los derechos de los trabajadores y de otros derechos humanos» en el país.
El documento analiza las tácticas empleadas por las autoridades kazajas y por tres compañías del sector del gas y el petróleo en el oeste de Kazajistán «para restringir los derechos de los trabajadores a las libertades de reunión, asociación y expresión» durante las «huelgas laborales pacíficas que comenzaron en mayo de 2011», indicó HRW.
Las autoridades pusieron fin a la huelga en una de las empresas en junio y las movilizaciones continuaron en las otras dos empresas hasta el 16 de diciembre, cuando comenzaron los enfrentamientos entre policías y huelguistas en Zhanaozen, una localidad del remoto oeste del país. Doce personas murieron por disparos de la Policía en estos disturbios, según el informe.
«El petróleo está impulsando el crecimiento económico de Kazajistán, pero el Gobierno y las compañías ignoran los derechos básicos de los trabajadores, quienes llevan a cabo la difícil y con frecuencia peligrosa labor de llevar al mercado el petróleo de Kazajistán», denunció la investigadora para Asia Central de Human Rights Watch y autora del informe, Mihra Rittmann.
El informe –elaborado después de dos misiones sobre el terreno en agosto y octubre de 2011 y tras entrevistar a trabajadores, sindicalistas, empresas y expertos– concluye que las compañías interfieren en el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y llevan a cabo despidos en masa en represalia por las huelgas.
Asimismo, denuncia que las autoridades ponen fin a las huelgas pacíficas en ocasiones mediante el uso de la violencia y detienen y procesan sin garantías a líderes sindicales por motivos políticos. Aparte, las leyes restringen la negociación colectiva y prohíben las huelgas en el sector petrolero.
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