RRHH Digital Un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, la mayoría médicos de Atención Primaria, han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o ‘sin papeles’ a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad por la que pierden su derecho a tener una tarjeta sanitaria.
Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.
De hecho, aunque el grueso de los objetores son médicos de Atención Primaria (72% del total de los profesionales inscritos), también se han registrado 86 profesionales de Enfermería, 58 internistas, 56 psiquiatras, 31 pediatras, y 21 ginecólogos y obstetras.
Por comunidades, Madrid es la región con más profesionales sanitarios contrarios a la medida del Ministerio de Sanidad, 378, uno de cada cinco de todos los inscritos en el registro de semFYC.
A esta comunidad le siguen Cataluña (215), Comunidad Valenciana (163), Aragón (142), Andalucía (133), Galicia (115), Castilla y León (99), Baleares (91), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52) Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26), La Rioja (9) y Melilla (1).
Por provincias, Madrid también lidera el ranking duplicando en número de objetores a Barcelona, con 175, la segunda por delante de Zaragoza (117), Valencia (111), Baleares (91) y Pontevedra (69).
Llama la atención la presencia de objetores en algunas comunidades como Andalucía o País Vasco, a pesar de que sus Gobiernos autonómicos ya han mostrado su intención de no aplicar la medida y permitir la asistencia a los inmigrantes.
En todos los casos, los profesionales registrados entienden que la medida impulsada por la ministra del ramo Ana Mato es «contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer».
Además, el presidente de semFYC, Josep Basora, ha reclamado al Gobierno que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo que integrarían la Atención Primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud). «Así estaríamos en condiciones de resolver la mayoría de problemas de salud que padecen», ha asegurado.
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