RRHH Digital La Renta Activa de Inserción se encuadra en el marco de las políticas activas de empleo, cuenta con regulación propia de ámbito estatal y tiene como objetivo incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de determinados colectivos de trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, concretamente: desempleados mayores de 45 años, emigrantes retornados, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica.
Por tanto, si el programa PREPARA cuya prorroga está pendiente de un Acuerdo del Consejo de Ministros, se enmarca en las políticas activas de empleo, bastaría la modificación de la normativa que regula la Renta Activa de Inserción para dar acceso a la misma a los menores de 45 años, y mantener con carácter estable y estructural esta ayuda, que en muchos supuestos es el único recurso disponible de las familias. El Gobierno debe ser sensible a estas personas que si están en esta situación, no es por decisión propia, sino en gran medida por el fracaso de las políticas de empleo que no han conseguido su reinserción laboral.
La única salida que quedará a estas personas si el Gobierno no prorroga el programa PREPARA o como proponemos desde la USO, modifica el acceso a la Renta Mínima de Inserción, será al no reunir los requisitos para acceder a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social, o bien por el agotamiento de las mismas, cuando se trata de prestaciones de carácter temporal, como es el caso del subsidio por desempleo, acudir a los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, dentro de cuyo marco de actuación se ofrecen las Rentas Mínimas de Inserción, y que hasta el momento constituyen el último eslabón de la protección social. Las rentas mínimas de inserción, son y deben ser un instrumento autonómico de lucha contra la exclusión social y la pobreza, especialmente ahora en que el desempleo se sitúa en tasas no conocidas desde hace años en España. Ahora bien, en la actual situación donde las CC.AA están recortando el gasto social, este entre ellos, qué salida les quedará.
Desde la USO venimos reclamando una mayor coordinación de la actuación del conjunto de las Administraciones Públicas en la lucha contra la exclusión social, la pobreza y el desempleo. Urgen políticas de cohesión territorial y por ello echamos en falta que en esta materia no se oiga la voz del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y que la financiación de estas medidas que corresponden a las políticas activas de empleo cuya gestión corresponde a las CC.AA. no se haya explicitado en las nuevas exigencias impuestas a las CC.AA.
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