Recursos Humanos Digital. Agentes de la Policía Nacional detenido a 52 personas en dos operaciones diferentes realizadas contra empresas sin actividad que gestionaban la compraventa de contratos de trabajo y que pertenecían a dos grupos organizados que defraudaron más de 750.000 euros a la Seguridad Social.
Según ha informado la Dirección General de Policía, del total de detenidos, 39 están relacionados con empresas con sede en Tarragona y 13 vinculadas a sociedades asentadas en la localidad de Madrid.
Las dos bandas cobraban de 900 a 5.000 euros a inmigrantes en situación irregular por formalizar un contrato de trabajo que les permitiera obtener el permiso de residencia. También ofrecían altas a desempleados interesados en percibir subsidios por desempleo.
La primera actuación policial, desarrollada en Tarragona, se inició a partir de la recepción de un escrito procedente de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona en el que se informaba de que una empresa estaba simulando contrataciones laborales.
Los trabajadores figuraban en la plantilla de personal pero los empresarios no pagaban las cuotas por tenerlos dados de alta en el régimen de la Seguridad Social. De esta forma habían defraudado 198.000 euros a la Administración. Además, los supuestos trabajadores habrían obtenido más de 160.000 euros en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo.
A partir de esta información, los investigadores solicitaron al Servicio Público de Empleo Estatal de la Dirección Provincial de Tarragona un informe detallado de la relación de trabajadores de esta empresa en el que figurasen las cuantías percibidas por prestación y/o subsidio por desempleo, generadas por su cotización en la citada compañía.
PRIMERAS DETENCIONES
En una fase inicial de la investigación, los agentes de la Brigada de Extranjería Reus detuvieron a los tres administradores de la empresa, así como a otro individuo encargado de reclutar gente dispuesta a comprar los contratos.
Posteriormente fueron arrestados cuatro supuestos trabajadores de una de las mercantiles investigadas, los cuales tenían su domicilio en la localidad de Reus. El operativo policial desplegado en diferentes plantillas a raíz de los datos obtenidos culminó con la detención de otras 31 personas –en Tarragona, Girona, Guadalajara, Palma de Mallorca, Melilla, Bilbao y Elche (Alicante)– como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y estafa.
En el transcurso de la investigación los agentes averiguaron que los responsables de la red captaban a sus clientes, bien personalmente o valiéndose de supuestos trabajadores de la empresa, y les ofrecían un contrato de trabajo que permitiera regularizar su situación en España.
Los interesados, mayoritariamente personas de nacionalidad marroquí, obtenían previo pago de 3.000 euros un contrato de trabajo. Además, recibían asesoramiento sobre los trámites a seguir para obtener la tarjeta de residencia y así legalizar su situación en el país.
Una segunda vía de defraudación consistía en ofrecer la posibilidad de acceder al cobro de prestaciones y subsidios por desempleo. Para ello los empresarios solicitaban una cuota de 400 euros por cada mes que los trabajadores permanecían dados de alta en el sistema de la Seguridad Social. Este importe en ningún caso se utilizaba para pagar cuotas a la Seguridad Social, por lo que todo el dinero aportado suponía un beneficio para ellos.
Tras dar de baja a los supuestos trabajadores, les facilitaban toda la documentación necesaria -contrato de trabajo, nóminas y certificados de empresa- para que pudieran cobrar la prestación por desempleo. De esta manera obtenían hasta 900 euros al mes, lo que suponía un beneficio de unos 500 euros.
DETENCIONES EN MADRID
La segunda investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la BCRI en la que se informaba a los agentes de la existencia una red dedicada a la compraventa de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros de nacionalidad marroquí, colombiana, española y boliviana para regularizar su situación administrativa en España. Esta vez el dispositivo se realizó en Madrid, donde los agentes localizaron varias empresas sin actividad, con sede social en la capital.
En total, la banda realizó una defraudación a las arcas del Estado de 397.669 euros. Los responsables cobraban cantidades de entre 900 y 5.000 euros a ciudadanos extranjeros a cambio de ofertas de contratos y asesoramiento en los trámites para conseguir la tarjeta de residencia en nuestro país.
Además vendían contratos por 900 euros a presos que se encontraban en tercer grado para poder salir de prisión en régimen de libertad condicional. También los implicados en la trama ganaban entre 400 ó 500 euros por cada contrato de trabajo que realizaban a ciudadanos españoles.
En una ocasión percibieron 1.100 euros a cambio de simular un mes de alta en la Seguridad Social de un empleado de la construcción para que consiguiese la prestación por desempleo. La operación ha culminado con la detención de 13 personas acusadas de fraude fiscal, falsedad documental y estafa.
La primera operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central contra las Redes de Inmigración -GOE III- de la UCRIF Central, la BLED de Reus (Tarragona) y la BPED de Tarragona, UCRIF Grupo II, en colaboración con las BPED de Melilla, Girona, Bilbao, Guadalajara, Palma de Mallorca y Elche (Alicante).
La segunda investigación ha sido realizada por agentes del GOE III de la Brigada Central contra las Redes de Inmigración y el Servicio Central Operativo de Falsedades Documentales, ambos de la UCRIF Central, junto las Brigadas Provinciales de Extranjería de Madrid y San Sebastián.
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