RRHH Digital. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado mañana a los sindicatos de la Función Pública para explicarles las nuevas medidas que baraja el Gobierno para el colectivo de empleados públicos, entre las que se encuentra la ampliación de la jornada laboral y la posible eliminación de alguna paga extraordinaria.
Según indicaron a Europa Press en fuentes de CSI-F, la reunión será a las 17.00 horas en la sede de la Dirección General de la Función Pública y estará presidida por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Esta misma mañana se ha procedido a constituir de manera formal la Mesa General de la Administración del Estado y en esta reunión, de corte técnico, ya se ha trasladado el malestar sindical por las nuevas medidas que el Gobierno quiere poner en marcha, según las mismas fuentes.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.
Montoro indicó que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se «tiene todo hecho», ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que «cumplir todos los días».
«Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica al régimen existente en el sector privado, ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer», dijo.
El ministro no quiso desvelar si el Gobierno se plantea también eliminar los ‘moscosos’, los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, e insistió en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan.
Por otro lado, admitió que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con «más peso» para que ver cuáles son productivos y para que la Función Pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.
Montoro no ha mencionado que el Gobierno esté planteándose eliminar alguna de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, aunque hay medios que apuntan que la medida está sobre la mesa.
MALESTAR SINDICAL
Durante los últimos días, no han parado de aparecer en prensa las diversas medidas que estudia el Ejecutivo para recortar gasto en el sector público, lo que ha provocado malestar en las centrales sindicales, que se quejaban de la falta de información y llamaban la atención sobre lo que consideran un nuevo ataque al colectivo de empleados públicos, que ya sufrió un recorte salarial en la anterior legislatura.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno sitúe a los empleados públicos «en el punto de mira» cada vez que tiene que anunciar recortes
Borra recordó que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, «no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos», que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.
Desde CSI-F se ha vuelto a lanzar la oferta de alcanzar un gran pacto para luchar contra la crisis porque, según Borra, la situación es «tan dramática» que ha superado lo que puede hacer un partido o un Gobierno. «Se necesita el acuerdo de todos», ha precisado.
CC.OO. también respondió ayer a las intenciones del Gobierno de alterar las condiciones laborales de los empleados públicos. La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de este sindicato calificó de «intolerable» que el Gobierno pretenda hacer caja a costa de los empleados públicos.
CC.OO. avisó de que la supresión de una paga extra a todos los empleados públicos «sería un atentando sin precedentes» sobre el colectivo, «que ha necesitado años de lucha y negociaciones para conseguir equiparar sus pagas extra a sus salarios y que sufriría así un nuevo recorte de su poder adquisitivo».
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