RRHH Digital. El vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha pedido al Gobierno que siga «profundizando» en la reforma laboral ya que, a su juicio, aún quedan temas «pendientes» de abordar, entre los que incluye la necesidad de clarificar más los «genéricos» criterios para poder acogerse a expedientes de regulación de empleo (ERE) o ampliar la duración del contrato de formación.
Durante su intervención en un encuentro del Observatorio Colón, Lázaro reconoció que la reforma laboral aprobada por el Gobierno y convalidada de forma definitiva por el Congreso no es la que los empresarios madrileños hubieran deseado, si bien valora las nuevas medidas que «flexibilizan las relaciones laborales en España» después de 30 años durante los cuales organizaciones empresariales y sindicales y gobiernos han sido «incapaces de llegar a acuerdos de calado en materia laboral».
Así, aunque el nuevo marco laboral «pone las bases para que, cuando se reactive la economía, los empresarios vuelvan a crear puestos de trabajo», el vicepresidente de CEIM considera que «aún no se han resuelto» cuestiones relativas a los criterios económicos que permiten a las compañías acudir al ERE, que a su juicio son «demasiado genéricos», con lo que los tribunales «anulan muchos expedientes que habrían permitido la viabilidad empresarial».
En la misma línea, considera necesario «flexibilizar algunos aspectos del contrato para la formación, posibilitando su utilización durante más tiempo, siempre con el objetivo de que los jóvenes accedan a su primer empleo», ya que sus actuales «rigideces» hacen «difícil que las pymes lo puedan asumir».
Los empresarios madrileños también reclaman actuar contra la «verdadera lacra laboral» que constituye el absentismo, reclaman que las mutuas tengan la «facultad de dar el alta a efectos económicos» y ven «urgente» dotar de un marco «más flexible» a pymes y autónomos a la hora de aplicar reducciones de jornada.
DESPIDOS MUY CAROS
Lázaro también ha aplaudido la introducción de «mecanismos suficientes para que mantener la plantilla en España no sea más caro que en el resto de Europa», argumentando que muchas empresas se vieron abocada a la extinción de contratos ante una legislación «inamovible en plena crisis» que les impedía hacer los «ajustes necesarios» para enfrentar la caída de la actividad.
En cualquier caso, ha subrayado que la indemnización por despido en España «es la más elevada en la Unión Europea» y ha defendido que el Gobierno debe intentar «acomodar el ordenamiento laboral español al de los países del entorno, de forma que mejore la competitividad».
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