Recursos Humanos Digital. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 186 personas en Baleares, entre ellas los cinco responsables de una red que defraudó 700.000 euros a la Seguridad Social, después de que vendieran contratos falsos de trabajo para se pudiera cobrar el paro, regularizar la situación como extranjero y/o conseguir otras ayudas sociales. La operación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha informado en un comunicado de que los responsables de la trama cobraban entre 300 y 600 euros por cada contrato, importe que variaba en función de la duración del mismo o de la habilidad del comprador para negociar el precio.
La investigación comenzó hace un año a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo relacionado con la creación de unas empresas con un gran número de trabajadores, casi todos de origen marroquí, y en la que se detectaban muchas irregularidades, principalmente en las obligaciones fiscales.
Así, cuatro supuestos empresarios, con domicilio en Felanitx, crearon las mercantiles en connivencia con una quinta persona de origen marroquí. Este último era el encargado de la captación de los supuestos trabajadores, los cuales son mayoritariamente de su misma nacionalidad.
De este modo, abonaban diferentes cantidades de dinero a cambio de la elaboración del falso contrato de trabajo con el que eran dados de alta en la Seguridad Social.
Los arrestados creaban en primer lugar empresas ficticias, solicitando el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con base mínima en la actividad de construcción y de empleadas domésticas.
Estas mercantiles dejaban de tener actividad desde el primer momento de su creación y no pagaron ninguna obligación fiscal inherente a toda empresa constituida. Después vendían contratos de trabajo, sobre todo a personas extranjeras.
Los compradores de los contratos eran captados por un ciudadano marroquí que recibía aproximadamente un 50% por la venta, mientras que el otro 50% era para el empresario. Los precios de los contratos iban desde los 300 a los 600 euros, variando el importe cobrado según la duración del contrato e incluso la habilidad para negociar el precio.
Finalmente, los falsos contratos de trabajo eran utilizados para renovar los permisos de residencia -entre cuyos requisitos se encuentra una oferta de empleo-, para solicitar la prestación por desempleo o el subsidio de empleo, para acumular días de cotización y para solicitar la incapacidad laboral o las bajas por maternidad.
El Grupo 2 de falsedades documentales de La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Palma comprobó la existencia de las falsedades documentales y se dispuso inmediatamente a recopilar información de los distintos organismos oficiales implicados, logrando comprobar, documentar y tipificar los delitos penales que se habían cometido.
Se comprobó que esta banda actuaba de una forma organizada y tenían una serie de indicadores habituales establecidos por la Unión Europea para hablar de organización criminal, como la permanencia en el tiempo, estructura jerárquica, sospecha de comisión de delitos graves, búsqueda de beneficios o poder y uso de estructuras empresariales y testaferros.
Los policías han localizado 318 contratos falsos de trabajo y atribuyen a los arrestados los delitos de falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal, según los casos.
El éxito de la operación ha sido posible gracias a la colaboración de la Policía Nacional con la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, las Oficinas de Empleo y el Ministerio de Hacienda, los cuales han cruzado todos los datos existentes en cada uno de estos organismos oficiales para desarticular la trama.
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