RRHH Digital. La carga de trabajo en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE), antiguo Inem, se ha incrementado en un 20% durante los primeros meses de 2012 debido, entre otras cosas, al aumento de la rotación laboral que está generando la reforma laboral, según un estudio elaborado el pasado mes de junio por el sindicato de funcionarios CSI-F.
Según advierte el sindicato, la reforma laboral, «al flexibilizar con intensidad el mercado de trabajo, inevitablemente conlleva una mayor rotación del mismo y una mayor demanda de servicios» por parte del Inem.
Sin embargo, ésta es sólo una causa más del continuado aumento del trabajo para estos trabajadores que dicen estar «al límite» y que aseguran que hasta ahora han logrado mantener la paz social logrando la mínima demora en el reconocimiento y abono de las prestaciones.
La plantilla del Inem ha pasado de 4.335 efectivos en su red de oficinas en julio de 2008, al inicio de la crisis, a 5.982 personas en 2011, 1.647 personas más, fruto de las negociaciones entre sindicatos y el anterior Gobierno socialista. En paralelo, los beneficiarios de prestaciones crecieron un 51% en 2008 y un 31% en 2009.
«Lo cierto es que las distintas ‘mejoras’ en plantillas finalmente han terminado superadas debido al tremendo incremento de las cargas de trabajo que ha debido de afrontar (el Inem)», explica el informe.
En 2012, con un incremento de la carga laboral del 20% en los primeros meses, según el informe, el presupuesto en personal para el organismo autónomo asciende a 304 millones de euros, lo que supone sólo el 0,87% de los 34.718 millones asignados al Inem para este año, de los que el 82% se destinarán al pago de prestaciones por desempleo.
El personal de oficina se encarga de gestionar esas prestaciones, lo que se traduce en la tramitación de 3,2 millones de nóminas mensuales, tarea a la que se añade la atención de cientos de miles de ciudadanos que solicitan información, presentan reclamaciones, regularizan deudas o solicitan certificados, según añade el informe.
Además, a estas tareas se han sumado, entre otros subsidios, el programa Prepara (para parados de larga duración sin recursos e inscritos en programas de formación) o el incentivo de retorno de los extranjeros no comunitarios a sus países de origen APRE.
Otras de las quejas de CSI-F se centran en una «farragosa» y «compleja» legislación que dificulta la automatización de los procesos y hace necesaria la intervención de gestores «altamente especializados».
«ESTO ES UN POLVORÍN A PUNTO DE ESTALLAR»
El informe señala que, pese a esta situación de saturación de tareas, el organismo ha logrado cumplir con una mínima demora en el reconocimiento y abono de las prestaciones y, por tanto, ha jugado un papel «como mantenedor de la paz social».
Si bien, asegura que esto está teniendo costes para los trabajadores en forma de un alto desgaste físico y psicológico y que las oficinas del Inem, hoy por hoy, son «un polvorín a punto de estallar».
El sindicato recuerda que el grueso de la actividad en las oficinas del Inem se realiza de cara al público, formado en su mayoría por desempleados «en numerosas ocasiones conflictivos por la situación en la que se encuentran», y asegura que se está produciendo «un alto índice de incidentes».
Además, apunta que con el trasvase de las políticas activas a las comunidades autónomas, los trabajadores que se han mantenido en los servicios estatales comparten instalaciones con los empleados en las administraciones autonómicas, pese a contar con salarios inferiores.
Las consencuencias de esta situación son, según el sindicato, «desmotivación y profundo malestar» entre los trabajadores o que en el último concurso de puestos de trabajo publicado por el SEPE el pasado mes de mayo para jefes de área o directores quedaran vacantes más del 25% de las plazas.
Por último, denuncia que el hecho de que los profesionales ya preparados prefieran concursar para otros destinos más atractivos hace que el Inem tenga que recurrir a trabajadores interinos o que sus trabajadores lleven a cabo reconocimientos de prestaciones desde sus propios domicilios.
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