Recursos Humanos Digital. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha anunciado que tiene previsto solicitar hoy «una reevaluación de las circunstancias personales» del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, para analizar si «existe la posibilidad» de retirarle, tal y como él mismo ha solicitado, el servicio de escolta.
Así lo ha manifestado Ulloa en una entrevista en ABC Punto Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si el Ministerio del Interior va aceptar la renuncia por parte del Marlaska de este servicio, decisión que el magistrado ha tomado al considerar que su situación «no difiere de la del resto de sus compañeros» de la Audiencia Nacional que ya no dispondrán de escoltas al considerar Interior que ya no los necesitan.
De esta forma, el secretario de Estado de Seguridad ha explicado que tras recibir la solicitud de Marlaska de renunciar a la protección, es Interior el que debe valorar esta posibilidad, ya que «la escolta no es un dispositivo discrecional». «Igual que se otorga por razones de seguridad se quita por razones de seguridad», ha matizado.
«Yo lo que voy a solicitar hoy es una reevaluación de las circunstancias personales de Marlaska para ver si existe esa posibilidad porque es su deseo. Si no existe esa posibilidad, le tendré que contestar que a tenor de las circunstancias concurrentes a su persona tiene que continuar llevándola», ha detallado, para reconocer, no obstante, que «la libertad individual está por encima de cualquier posible prestación del servicio público».
Asimismo, ha querido insistir en que la medida adoptada por el Ministerio del Interior, que supone retirarle la escolta a más de 500 personas, entre ellas a la mayoría de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, y que supondrá un ahorro total de casi cuatro millones de euros, se ha tomado «tras un adecuada evaluación de los riesgos individualizados».
«NO ES PREVISIBLE UN GOLPE DE ETA»
«No se deja en ningún caso desprotegida a la Audiencia Nacional porque muchos de los funcionarios van a seguir prestando los servicios de contravigilancia para garantizar que estos magistrados tengan seguridad tanto en el lugar de trabajo como en sus desplazamientos, y en cualquier caso el plan está planteado con la posibilidad de tener carácter reversible en la suposición de que se produjera fatalidad», ha asegurado.
No obstante, Ulloa ha afirmado que desde su departamento no estiman que sea «previsible a corto plazo», es decir, al menos durante los próximos seis meses, «que se pudiera producir un golpe, un cambio o un giro de actitud por parte de ETA». Este es precisamente uno de los motivos que se han tenido en cuenta, según el secretario de Estado, para llevar a cabo la reducción.
«Esta medida adoptada tiene que ser contextualizada en las circunstancias con dos variables que se dan ahora y que no se habían dado anteriormente. Por un lado está que en el transcurso de tiempo después del cese de la actividad armada de ETA no se ha producido ningún atentado», ha añadido.
En este sentido, ha aseverado que «después de un análisis pormenorizado de todos los jueces y fiscales se ha llegado a la conclusión de que no existe un riesgo actual a fecha de hoy ni en los últimos tiempos que pudiera justificar la protección inmediata mediante escoltas y coches blindados», para añadir que el segundo criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de adoptar la medida ha sido «la crisis económica gravísima que está padeciendo el país».
Asimismo, Ulloa ha querido recordarle a los jueces y magistrados de la Audiencia que han mostrado su malestar ante esta medida que la retirada de los escoltas «no significa una limitación de las capacidades» de este órgano ya que «hay muchos jueces y magistrados que también continúan desempeñando su labor del día a día con celo, diligencia y profesionalidad y también sometidos a casos que son delicados» y no por prescindir de escolta «lo hacen peor».
«Hay 50 jueces de instrucción en Madrid que llevan casos muy delicados como pueden ser los de bandas latinas», ha señalado, para añadir que la retirada del servicio no supone un menosprecio a la labor de los magistrados. «Me gustaría reconocer su trabajo porque hay que ser justo», ha apuntado.
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