Recursos Humanos Digital. El Ministerio del Interior ha ordenado la retirada de la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dentro del plan de «reordenación» que se hace efectivo esta semana.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que en la Audiencia Nacional se retirarán unos 250 agentes, entre escoltas y conductores, y que los mantendrán el presidente del tribunal, Ángel Juanes; el de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska y el juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro.
Del Ministerio Público seguirán con protección el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos, y el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña.
En el Tribunal Supremo será su presidente en funciones, el magistrado Juan Antonio Xiol, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, quienes mantengan el servicio de escoltas, mientras que en el Constitucional sólo seguirá protegido su presidente, Pascual Sala.
En cuanto al CGPJ, Carlos Dívar será el único que continúe con escoltas ya que su cese como presidente del órgano de gobierno de los jueces -dimitió el pasado jueves por sus viajes a Marbella- aún no es efectivo hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que previsiblemente ocurrirá el próximo sábado, una vez que reciba el viernes el visto bueno del Consejo de Ministros.
«Indignación» en la Audiencia Nacional
Las fuentes consultadas han explicado que los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han mantenido durante toda la mañana «reuniones informales» para tratar el asunto, aunque aún no han adoptado aún una posición común al respecto.
Asimismo, las mismas fuentes han indicado que se va a reforzar la contravigilancia para los jueces y fiscales a quienes se les retiran los escoltas.
Otras fuentes consultadas han indicado que Interior ha seguido criterios exclusivamente de seguridad para decidir la retirada de escoltas y que se ha analizado caso por caso antes de adoptar una decisión.
La junta de fiscales de la Audiencia Nacional ha mostrado hoy su «malestar, preocupación» e indignación ante la decisión de suprimir los escoltas tanto a ellos como a los jueces de este tribunal, y ha advertido de que, pese al cese de la actividad de ETA, la amenaza terrorista sigue existiendo.
En un comunicado, los fiscales rechazan la medida de Interior y aseguran que la banda terrorista no se ha disuelto, ya que, tal y como señalan los últimos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ETA continúa desarrollando su actividad con labores de captación, sustracción, falsificación de documentos y sigue teniendo abundante cantidad de armamentos y explosivos.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público de la Audiencia Nacional se han mostrado críticos con la decisión de mantener el personal de seguridad para políticos y exaltos cargos, «cuyas acciones se muestran en ámbitos ajenos a la lucha antiterrorista», lo que, a su juicio, indica que al establecer «prioridades de protección se han valorado criterios que poco tienen que ver con el riesgo real de cada persona».
Entienden la crisis
Han defendido además que el servicio de escoltas resulta «imprescindible» para el desempeño de sus funciones y han advertido de que la desprotección anunciada compromete «gravemente» sus condiciones de trabajo.
«La adecuada protección de quienes investigan, acusan y enjuician a las más graves formas de criminalidad es una condición imprescindible para reducir el riesgo personal y las amenazas que provienen de las organizaciones investigadas y que en el pasado, desgraciadamente, han venido atentando contra nuestros compañeros», destaca el comunicado.
No obstante, los fiscales se confiesan «plenamente conscientes» de la situación económica que atraviesa España, que, en su opinión, justificaría una racionalización y ajuste del servicio de seguridad «para optimizar los recursos», pero creen que «en ningún caso» que se suprima una protección «esencial».
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