El fraude de los 200.000: trabajadores que adquieren medicinas haciéndose pasar por pensionistas

RRHH Digital. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado este lunes que, actualmente, hay unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas porque utilizan la tarjeta de un pensionista para adquirirlos gratis en las oficinas de farmacia, en el marco del Foro ‘Ideas+Diálogo en Sanidad’ organizado por Farmaindustria y Europa Press. Esta situación ha salido a la luz durante la actualización de datos realizada por su departamento, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para poner en marcha el nuevo copago farmacéutico que entrará en vigor el próximo 1 de julio, por el que los pensionistas pasarán a pagar un 10% del precio de sus medicamentos.

De este modo, Mato ha explicado que al cruzar los datos con Hacienda y la Seguridad Social han descubierto que hay «800.000 personas que tenían tarjeta sanitaria como beneficiario dependiendo de un titular cuando tenían derecho a tener una tarjeta de titular».

«Y, de esas, 200.000 personas no estaban pagando medicamentos porque tenían la tarjeta de un pensionista, cuando tenían rentas suficientes como para afrontar ese pago», ha avanzado.
Ley de Dependencia

Mato ha justificado este lunes la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ha emprendido su departamento al afirmar que, de no hacerlo, será «absolutamente insostenible». «Si seguimos como hasta ahora, sería absolutamente inviable», ha asegurado.

Mato ha insistido en la necesidad de emprender modificaciones, si bien no ha concretado si los cambios pasarán por dejar fuera del sistema a los dependientes menos graves, es decir, los diagnosticados como moderados o severos, aunque ha avanzado que la norma será sometida a un «plan de racionalización» para «garantizar la atención» que los dependientes «se merecen».

Para la responsable de Sanidad, la norma «se hizo sin prever sus consecuencias, de manera precipitada y un poco demagógica», sin someterla a evaluaciones periódicas para conocer su desarrollo. Esto ha provocado, en su opinión, desviaciones como las diferencias en los servicios que prestan las comunidades autónomas o que los cuidados no profesionales, inicialmente previstos como una excepción, se hayan convertido en norma.

«No está financieramente presupuestada, las comunidades autónomas no llegan, hay criterios distintos en cada una, las prestaciones son diferentes (…). Vamos a trabajar y buscar una fórmula para mantener su viabilidad, que en ningún caso pasa por dejar de prestar una magnifica atención a los dependientes sino por garantizar la sostenibilidad del sistema», ha añadido.

El Ministerio ya ha emprendido una serie de reuniones a «distintos niveles» con las comunidades autónomas para pactar una reforma de la Ley de Dependencia que se someterá a su consideración en el Consejo Territorial del ramo que tendrá lugar a principios de julio. El objetivo del departamento de Ana Mato es que la modificación se apruebe por Real Decreto ese mes, en el segundo Consejo de Ministros.