Recursos Humanos Digital. La OCDE recomendó hoy retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos.
«Los trabajadores actuales y los del futuro tendrán que trabajar más tiempo antes de retirarse y tendrán pensiones públicas inferiores», señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años.
La organización constató que la crisis financiera que se desencadenó a partir de 2007-2008 ha tenido «un impacto profundo» en las cuentas públicas de la mayor parte de sus 34 países miembros, lo que ha obligado entre otras cosas a llevar a cabo reformas de los sistemas de pensiones.
Tras constatar que en 13 de esos Estados a largo plazo la edad de jubilación será de 67 años o más, destacó que hay que incitar a elevar la edad de retiro incluso por encima de ese listón y consideró que una forma «efectiva y transparente» de hacerlo es vincularla a la esperanza de vida, como ya se ha estipulado en Dinamarca y en Italia.
Reconoció que los ajustes automáticos entre la evolución de la esperanza de vida y la edad de jubilación son a menudo «complejos, difíciles de entender y crean incertidumbre sobre los beneficios futuros», por eso requieren «graduación y transparencia en su implementación».
Los autores del estudio indicaron que una persona que empieza a trabajar ahora puede esperar, de media, recibir una pensión pública equivalente a la mitad de su remuneración si se jubila con el periodo de cotización completa.
Si se suman los beneficios de las pensiones privadas (que son obligatorias en 13 países de la organización) un pensionista medio recibe un 69% de lo que cobraba mientras trabajaba, aunque ese porcentaje se queda por debajo del 60% en una docena de miembros, sobre todo donde la cotización a fondos privados es voluntaria.
Por eso los autores del informe estimaron que «la solución ideal» sería hacer obligatorio cotizar a fondos privados e integrar a los trabajadores automáticamente en ese tipo de dispositivos, como ya ocurre en Nueva Zelanda.
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