RRHH Digital. Miguel Ángel Fernández Ordóñez abandonará su puesto como gobernador del Banco de España el próximo 10 de junio, un mes antes de lo que le correspondía. El banquero central, que adelantó su salida por decisión propia, no se irá con las manos vacías. Cobrará unos 11.000 euros al mes por los servicios prestados, siempre que no incumpla el régimen de incompatibilidades de altos cargos.
Esta cantidad es la que le corresponde durante los próximos dos años como remuneración por el puesto ocupado y supone el 80% de su sueldo actual, según establece la Ley de Autonomía del Banco de España.
Desde 2010, la retribución de MAFO se mantiene en 165.000 euros brutos anuales, según confirmaron fuentes de la institución financiera a El Confidencial, que ha realizado los cálculos. En junio de ese año, el sueldo del gobernador del Banco de España se rebajó un 15%, en línea con el recorte que el Ejecutivo de Jose Luis Rodríguez Zapatero aplicó a altos cargos de la Administración como medida de austeridad.
Con el cese no hay compensación
Fernández Ordóñez ha estado en el centro de los ataques por su gestión de los problemas del sector financiero, que ha registrado su último episodio con la reciente intervención de Bankia por parte del Estado. Esta semana, después de anunciar su marcha, afirmaba que ha constatado una campaña de descrédito contra el Banco de España y que guardaba silencio a petición del Gobierno.
Si las críticas recibidas se hubieran materializado en un cese, el banquero central no tendría derecho a la compensación, ya que según determina el artículo 26 de la Ley de Autonomía del BdE la «separación acordada por el Gobierno» le arrebata el derecho a percibir la compensación económica.
Sin embargo, al haber renunciado a su cargo, MAFO cobrará la remuneración estipulada para los gobernadores que finalizan su mandato, lo que en su caso supone alrededor de 11.000 euros brutos mensuales durante dos años siempre que se ciña al régimen de incompatibilidades de los altos cargos. Esto quiere decir que no podrá desempeñar «ninguna actividad profesional relacionada con entidades de crédito o los mercados de valores», ni ocupar «ningún puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado, con excepción de la docencia».
A partir del 10 de junio, Fernñandez Ordóñez contará con un plazo de tres meses para declarar sus actividades y su patrimonio, así como los de su familia.
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