RRHH Digital. Jaime Montalvo, el árbitro designado por el Ministerio de Fomento en el conflicto entre Iberia y Sepla, ha entregado a las partes el laudo de obligado cumplimiento. En él, confirmará la legalidad de Iberia Express, cuya creación originó el conflicto en la compañía, y reducerá los privilegios de los pilots.
Según informa el diario El País, que cita a fuentes cercanas al Departamento que dirige Ana Pastor, la resolución revisa el convenio del grupo y establece la forma en la que se cubrirán los puestos para que la nueva low cost pueda operar con normalidad.
Así, se contratarán nuevos pilotos con un salario que rondará los 40.000 euros, «mucho más bajo que las que se manejaban hasta la fecha en la compañía matriz», especifica el rotativo. Además, mientras el proceso de contratación se lleva a cabo, se ascenderá de forma temporal a comandantes segundos para que puedan operar en Iberia Express.
Pero la rebaja de salarios no sería solo para las nuevas contrataciones. De acuerdo con las fuentes citadas por el rotativo, se plantean recortes de hasta el 10% para las nóminas de pilotos más elevadas.
Largo conflicto
Hoy se cumplía el plazo otorgado a Montalvo, tras el aplazamiento de diez días que había solicitado al Ministerio de Fomento, al plazo inicial alegando la «complejidad» e «importancia» del asunto que enfrenta a Iberia con sus pilotos.
Fue designado árbitro en el conflicto Iberia-Sepla tras el intento fallido de la mediación del exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, frustrado en marzo ante la imposibilidad de consensuar un documento por ambas partes, inamovibles en sus posturas, que recogiera unos mínimos aceptables para cada parte.
El Gobierno decidió imponer un arbitraje obligatorio entre Iberia y el Sepla para poner fin a un conflicto que desde diciembre de 2011 a abril de este año ha provocado 18 jornadas de huelga, con un coste diario para la aerolínea de 3 millones de euros y un impacto económico que asciende a 54 millones de euros.
El origen de la huelga, la creación de Iberia Express fuera de la aerolínea, es el telón de fondo del contencioso entre la compañía, que defiende su lanzamiento como una decisión empresarial para competir en el corto y medio radio ante el auge de las low cost, y sus pilotos, que insisten en que es «ilegal» por vulnerar su convenio colectivo.
Según recoge el VII Convenio Colectivo de los pilotos de Iberia en su disposición final quinta «la dirección de la empresa se compromete a no segregar de Iberia Operadora la operación de vuelo salvo acuerdo previo con la sección sindical de Sepla en Iberia».
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