RRHH Digital. El nuevo contrato indefinido para emprendedores que se crea con la reforma laboral estará vinculado a la existencia de una tasa de paro superior al 15%, según consta en una de las enmiendas transaccionales que ha ofrecido el PP para su aprobación este jueves en la Comisión de Empleo del Congreso.
En total, el Grupo Popular ha presentado un total de 27 enmiendas de nueva redacción. Todas ellas podrán incorporarse al texto porque, o bien han sido pactadas con CiU, o bien se incorporan como modificación de las enmiendas iniciales del PP.
Según las enmiendas, que recoge Europa Press, el Gobierno vinculará finalmente el contrato indefinido para emprendedores y empresas de hasta 50 trabajadores a que el paro en España supere el 15%, además de aceptar la petición de CiU de que, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor de la reforma, se publique un informe de evaluación donde se analice el impacto de las medidas adoptadas en los datos de empleo, paro o temporalidad.
Además, mediante acuerdo con los nacionalistas catalanes, el Gobierno deberá redactar durante la segunda mitad de este ejercicio un informe sobre los procesos de regulación de las empleadas del hogar que han tenido lugar desde la entrada en vigor de la normativa para regularizar este servicio, proponiendo fórmulas de simplificación de los trámites y de posibles mejoras en las cotizaciones.
También se modifica finalmente el criterio de despido por absentismo, ampliando el cómputo de las faltas al 5% de las jornadas hábiles anuales y excluyendo a los enfermos de cáncer, graves o crónicos.
NUEVAS BONIFICACIONES
Con el trámite de enmiendas, la reforma laboral incluirá nuevas bonificaciones por contratación, más allá de las ya anunciadas para el contrato de emprendedores. Así, los familiares de trabajadores autónomos o por cuenta propia que se den de alta en el RETA para poder colaborar en dichas actividades gozarán de una bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.
En la misma línea, y también a instancias de CiU, los empleados del sector turístico, comercio y hostelería que mantengan los contratos fijos discontinuos durante los meses de marzo y noviembre podrán beneficiarse de bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, la recaudación conjunta de desempleo, el FOGASA y la aportación a la formación profesional. Esta medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 y, posteriormente, se evaluará su eficacia antes de decidir si se prorroga.
Para promover la contratación de calidad a personas con discapacidad, el PP ha propuesto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV, CiU y el PSOE la presentación, antes de un año, de un proyecto de ley de Promoción de la Inclusión Laboral del colectivo.
Además, se dará prioridad a estos trabajadores, así como a las víctimas de terrorismo o violencia doméstica, para acceder a puestos de trabajo de la misma empresa en otras localidades, y se permitirá a las comunidades autónomas hacer acciones de políticas activas de empleo adaptadas a los discapacitados o a los tejidos productivos de cada región con cargo a los fondos estatales, siempre y cuando estas iniciativas se enmarquen en los objetivos del Plan Anual Estatal de Empleo.
El Gobierno regulará asimismo un «nuevo marco de medidas estatales para favorecer la inclusión de discapacitados» y también deberá presentar una memoria sobre el gasto y resultados de las políticas activas de empleo, incluyendo un apartado de evaluación de la mejora del procedimiento de la formación en cuanto a la reducción de las cargas burocráticas, las rigideces del sistema y la incorporación de las pymes, ambas cosas a propuesta de CiU.
CONCESIONES A CiU
Entre las iniciativas acordadas con los nacionalistas catalanes, también figuran que en el diseño del sistema de formación profesional para el empleo se tendrá en cuenta las necesidades de autónomos y de la economía social, la clarificación de todo el proceso de recurso cuando no se llega a acuerdos en convenios colectivos, o la aprobación antes de enero de 2012 de un proyecto de ley que actualice y revise la Ley para la Regulación del Régimen de las empresas de inserción.
También se garantiza la participación de los servicios públicos de empleo autonómicos en la actividad formativa de los contratos de aprendizaje, y se precisa que los sindicatos deben tener una «implantación suficiente» para poder impugnar un despido colectivo por causas objetivas.
Asimismo, el PP ha ofrecido a CiU y el BNG doblar hasta el 10% las horas de jornada laboral que se pueden distribuir de manera irregular a lo largo del año y promover la jornada continuada o el horario flexible para mejorar la productividad y fomentar la conciliación.
También ha propuesto a CiU y UPyD que las horas de formación para el empleo se puedan acumular hasta cinco años y no que no se pueda computar en este derecho la formación que deba impartir obligatoriamente la empresa para cumplir otras leyes.
OTRAS PRECISIONES
El PP ha propuesto transacciones además algunos de los asuntos más polémicos de la reforma. Así, finalmente, se fija que los motivos económicos se verificarán finalmente cuando caigan los ingresos ordinarios comparándolos con los datos del mismo trimestre del año anterior.
También se obligará a que la comunicación a las autoridades laborales de los despidos colectivos tenga que ir acompañada de «toda la información necesaria» pero no se obliga, sino que se deja a la decisión potestativa del empresario, a informar individualmente a los trabajadores de los despidos.
Por otra parte, se clarifica la función de la autoridad laboral y se permite que los agentes sociales acuerden en cualquier momento acudir a la mediación o el arbitraje durante la negociación de un despido colectivo. Aunque se mantiene la cancelación de la autorización administrativa y se limitan las funciones de la autoridad laboral a la constatación de que existe la causa mayor alegada, se podrán impugnar los acuerdos si hay fraude o abuso, y también si se detecta que el despido busca únicamente el cobro de la prestación por desempleo.
MUTUAS Y ETTS
Finalmente, los ‘populares’ proponen al PNV que la modificación del régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social se haga en tres meses y no en seis; y a UPyD se le acepta reducir de 500 a cien los trabajadores que debe tener una empresa para que los despidos colectivos conlleven aportaciones al Tesoro.
Además, también han presentado transaccionales a enmiendas socialistas para emplear el silencio positivo en la autorización de ETTs a actuar como agencias de colocación, y para adoptar medidas de racionalización horaria tres meses después de que la subcomisión parlamentaria sobre conciliación emita su dictamen.
Con respecto al contrato de formación, se propone a la Izquierda Plural que se aplique también a estudiantes de formación profesional, que se pueda renovar hasta dos veces sin que ello suponga superar los tres años máximos permitidos, si bien se podrá prolongar más tiempo siempre y cuando la cualificación profesional que se obtenga sea diferente.
ENMIENDAS DEL PP
Al margen de las enmiendas transaccionales ofrecidas, la mayoría absoluta del PP garantiza también la aprobación de otras enmiendas presentadas por el Grupo Popular que no han sido acordadas con ningún otro grupo y que no fueron incorporadas al texto en el trámite de Ponencia.
Entre otras, la inclusión de una nueva disposición relativa al despido objetivo en las entidades sin ánimo de lucro o la precisión de que las bonificaciones del contrato de fomento del empleo dependerán del mantenimiento del número de trabajadores durante al menos un año, a riesgo de tener que devolver las bonificaciones excepto si la plantilla se reduce por causas objetivas.
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