RRHH Digital. Los trabajadores de CNT de Spanair, que no tenían representación en el comité de empresa, han demandado a las aerolíneas Vueling y Ryanair al haberse hecho con algunas de las rutas que operaba la compañía aérea desaparecida sin haber contratado a una parte significativa de su plantilla tras la quiebra de Spanair el pasado 27 de enero.
En rueda de prensa este viernes, el economista del equipo de CNT, Lluís Rodríguez, ha señalado que también se ha interpuesto demanda contra el operador de servicios de tierra Groundforce al considerar que debería haber subrogado el personal de Spanair.
«En tanto que se han hecho con parte de la cuota de mercado que dejó Spanair y sus rutas, deberían haber empleado al personal que se quedó en el paro», ha afirmado, a la vez que ha apuntado que las demandas han sido admitidas a trámite y que el sindicato tiene fecha para el juicio el próximo 18 de junio en el Juzgado de lo Social de Bilbao.
Según la CNT, la comisión de recolocaciones impulsada por el Govern no está dando sus frutos, y las empresas que han incorporado a su equipo personal de Spanair no lo han hecho respetando la cláusula de subrogación que contempla el convenio colectivo del sector aéreo y que supondría mantener las condiciones que tenían en su aerolínea de origen.
«Las condiciones que ofrece Ryanair a los trabajadores de Spanair son medievales», ha destacado el secretario general de la CNT en L’Hospitalet de Llobregat, Jordi Vega.
CONCURSO CULPABLE
Asimismo, Rodríguez ha asegurado que con la información que ha trascendido sobre la situación financiera de Spanair y las deudas que acumulaba hay «indicios» para declarar el concurso de Spanair culpable, ya que ha considerado que la dirección de la aerolínea debía haber declarado concurso voluntario mucho antes para intentar solucionar la situación.
En este sentido, ha instado a la dirección de la compañía aérea a responder con sus bienes para que los trabajadores puedan cobrar sus indemnizaciones: «Ellos son los responsables de la quiebra».
También han trasladado parte de la responsabilidad a la Generalitat por sus inyecciones a la aerolínea a través de Avançsa y Cimalsa y por los avales del Institut Català de Finances (ICF).
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