RRHH Digital. El comité de empresa del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, celebra entre este lunes y el martes una ronda de contactos con los grupos de PP, PSOE e IU-CA del Ayuntamiento para buscar «soluciones consensuadas» a la difícil tesitura que atraviesa esta sociedad mixta. Nuevamente, los representantes de la plantilla desean debatir sobre el futuro de la empresa, marcada por la investigación de la juez Mercedes Alaya, y aspectos como el conflicto que rodea al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, al negarse la Consejería de Empleo a financiar las prejubilaciones acordadas.
El escrito de petición de entrevistas fue formalizado el pasado jueves con destino a las tres fuerzas con representación en la Corporación municipal hispalense, PP, PSOE e IU-CA. El Consistorio hispalense, como es sabido, posee el 51 por ciento del capital social de la empresa. Según ha informado a Europa Press el comité de empresa, el PP recibirá a los representantes de la plantilla a primera hora del lunes, a media mañana lo hará el PSOE y la reunión con IU-CA está prevista para el martes.
Sobre la mesa, una vez más, toda una serie de problemas que arrastra esta empresa mixta y, sobre todo, la situación que sufren sus prejubilados a cuenta de los conflictos surgidos en torno a los expedientes de regulación de empleo acordados en 2003 y 2007. Ambos procedimientos, como es sabido, figuran en la investigación que comanda la juez Mercedes Alaya sobre una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a los fondos autonómicos.
LOS ERE Y LAS PREJUBILACIONES
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas.
Aunque Francisco Javier Guerrero, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la «conformidad» de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».
PROBLEMAS PARA TRES PREJUBILADOS DE 2003
En paralelo, han quedado «temporalmente» paralizadas las nóminas de cinco trabajadores prejubilados en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la lonja hispalense. Todos ellos figurarían entre las 111 «discordancias administrativas» detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas.
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