Instan al Gobierno a promover el Comercio Justo entre ciudadanos, empresas y administraciones públicas

Recursos Humanos Digital. Así, en la proposición no de ley, el diputado independentista pide al Ejecutivo la creación de una comisión paritaria Gobierno-sociedad civil para estudiar y proponer medidas de fomento del Comercio Justo y el consumo responsable «tanto en el ámbito público como en el privado». La citada comisión estaría compuesta por miembros gubernamentales entre los que, a su juicio, debería constar «necesariamente una representación de la AECID»; y por parte de la sociedad civil, miembros elegidos por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Además, Tardá considera que la comisión debería remitir anualmente un informe sobre su análisis, actividad y propuestas al Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En el marco de los trabajos de la esta comisión, pide consensuar las medidas para la implantación generalizada del comercio justo y la Compra Pública Ética en administraciones públicas, organismos autónomos y demás entes públicos estatales, así como en aquellas empresas que se benefician de contrataciones o subcontrataciones y que garanticen el cumplimiento de estándares de compra empresarial responsable, es decir, aquellos que tienen en cuenta criterios sociales y medioambientales a la hora de contratar bienes o servicios.

Asimismo, pide impulsar una campaña institucional dirigida a concienciar a la ciudadanía y a las empresas privadas sobre la necesidad de un consumo responsable y sobre el comercio justo, además de poner en marcha medidas en centros educativos para la difusión del consumo responsable y el comercio justo, entre otras actuaciones.

COMPRA PUBLICA ETICA

Por otro lado, en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, Tardá recuerda que la opción de las administraciones públicas por productos de Comercio Justo es una práctica de Compra Pública Ética «coherente con los compromisos de reducción de la pobreza y de la cooperación para el desarrollo».

En este sentido, señala que la inclusión de criterios de Comercio Justo en los contratos públicos «es ya una realidad para numerosas administraciones estatales, regionales y locales y especialmente para las instituciones de la Unión Europea» e indica que el Estado no puede obviar esta realidad y debe sumarse a las iniciativas existentes en administraciones públicas de Cataluña, País Vasco, Madrid o Andalucía.

Por ello, entre otras modificaciones, destacan las relativas a que en los contratos de suministro empresariales deberá haber una acreditación verificable de que los productos suministrados han sido fabricados, ya sea de forma directa o mediante subcontratación, en cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mientras que las prescripciones técnicas podrán contemplar criterios de comercio justo, entre otras.

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