RRHH Digital. El Ministerio del Interior ha anunciado hoy la retirada de 400 escoltas que vigilan domicilios de presonas protegidas y ha adelanto que próximamente se suprimirán otros 100 de estas tareas y otros 500 que realizan labores de acompañamiento de personas. En total, un millar que se suman a los 425 escoltas de seguridad privada contratados por Interior y que ya fueron retirados en el País Vasco y Navarra. El dispositivo de escoltas, antes de su reordenación, suponía un total de 160 millones al año, según el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
Según una nota de prensa hecha pública hoy por Interior, de esta forma se da inicio a la primera fase a nivel nacional del programa de reducción de escoltas que afectará, en un primer momento, a los agentes que realizan labores de protección estática (vigilancia de domicilios de personas protegidas).
Esta reducción afecta al 52 por ciento de la plantilla de un total 774, lo que supone una disminución de algo más 400 agentes, que posteriormente se ampliará a otros 100 más.
El grueso de esta medida afecta principalmente a los escoltas que prestan este servicio en la Comunidad de Madrid. Todos ellos pasarán, a partir de ahora, a realizar labores de seguridad ciudadana, según informa el Ministerio.
Además, Interior adelanta que próximamente se ampliará este programa a los escoltas que realizan vigilancias dinámicas (labores de acompañamiento de personas protegidas). Esta reducción afectará a más de 500 agentes.
MIL AGENTES MENOS A LOS QUE SE SUMAN 425 DE SEGURIDAD PRIVADA
Tras esta primera fase de reducción, los servicios de vigilancia en España han pasado de emplear a casi 3.000 escoltas (2.200 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 750 de seguridad privada, a cargo de los presupuestos de la Administración General del Estado) a algo más de 2.000, casi un tercio de reducción.
A la disminución de los algo más de 400 policías y guardias civiles, que ahora pasarán a realizar tareas de seguridad ciudadana, hay que sumar los 425 escoltas privados contratados por el Ministerio del Interior que ya se redujeron en el País Vasco y Navarra.
En total, este dispositivo daba protección antes de su reordenación a más de 1.550 personas y su coste superaba los 160 millones de euros al año.
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