Recursos Humanos Digital. La Federación de Enseñanza de CCOO cree que el decreto-ley de medidas urgentes para ahorrar 3.000 millones en los presupuestos autonómicos de educación vulnera varios artículos de la Carta Magna, por lo que ha presentado una queja al Defensor del Pueblo para pedirle que presente un recurso de inconstitucionalidad.
Aparte, habrá profesores de todo los niveles de enseñanza que se dirigirán individualmente a los tribunales de lo contencioso administrativo para solicitarles que planteen una cuestión de inconstitucionalidad, en el momento que comiencen a aplicarse las medidas efectivamente.
Según los servicios jurídicos de CCOO, el decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el 20 de abril pasado «vulnera» puntos de los artículos 27, 28, 37, 81 y 86 de la Constitución.
«Una necesidad urgente»
El Gobierno utiliza esta figura legislativa para «evadir» la participación del Parlamento con el pretexto de una necesidad «urgente», cuando ésta no se justifica en la exposición de motivos, ha asegurado Carmen Perona, del gabinete jurídico.
Si son medidas estructurales, no se puede utilizar este rango normativo, ha insistido en rueda de prensa. «Al Gobierno -ha enfatizado- le da igual la Constitución (…), se salta la jerarquía de las normas y la decisión del Parlamento».
Ha insistido en que el decreto-ley es «inconstitucional» porque regula un derecho fundamental, la educación, que requiere leyes orgánicas, es decir, que se aprueben por mayoría absoluta parlamentaria, al igual que lo que afecte a la autonomía universitaria.
En este sentido, ha recordado que se modifican la Ley Orgánica de Educación y la de Universidades. «Vulnera el Gobierno la autonomía universitaria y de las comunidades autónomas» para aplicar una política «liberalizadora», ha señalado.
Sobre las retribuciones complementarias del profesorado en función de la jornada, ha indicado que es competencia de las comunidades, pues a la administración central corresponde sólo establecer el salario base y los trienios.
En cuanto a las universidades, se regulan la dedicación de los profesores y las tasas y se toca el asunto de las titulaciones, que son competencias «exclusivas» de las instituciones de enseñanza superior y de las comunidades.
El Gobierno central «asume» competencias de las comunidades y «desautoriza» la capacidad legislativa de éstas, sin tener en cuenta el artículo 148 de la Constitución. «A través de este decreto, el Gobierno presenta el planteamiento de «hacer desaparecer las autonomías», ha subrayado Perona.
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