Recursos Humanos Digital. La empresa Gadir Solar, del grupo Aurantia, en la localidad gaditana de Puerto Real, ha cerrado definitivamente sus puertas después de comunicar por escrito el despido a sus 196 trabajadores. Un carta en la que, además, la dirección les explica que no tiene dinero para pagar las indemnizaciones.
Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado este martes la decisión adoptada por la empresa y ha anunciado su intención de elevar el caso a la Fiscalía de Cádiz, ante la posibilidad de que las actuaciones de Gadir Solar pudieran ser constitutivas de delito. La intención de la empresa es presentar el próximo lunes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo que conlleva el cierre de la planta en el polígono industrial El Trocadero.
Unas instalaciones que se levantaron en la Bahía de Cádiz a finales del año 2009 al auspicio del plan de reindustrialización planteado por la Junta de Andalucía tras el cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real.
Durante los poco más de dos años que la empresa ha estado abierta, ha recibido más de 28 millones de euros en ayudas públicas, según los datos aportados por CCOO y UGT. Unas ayudas que deberían de consolidar la empresa y dar trabajo a parte de los despedidos de Delphi.
Los representantes sindicales han cuestionado que los empresarios de Gadir Solar tuvieran alguna vez intención de crear empleo en la provincia y han comparado su caso con el del empresario Dávila Ouviña, al que se le acusa de haberse quedado con 14,5 millones de euros procedentes de los fondos de reindustrialización.
Jesús Serrano, secretario provincial del sindicato de Industria de CCOO en Cádiz, ha explicado que en 2009 la empresa compró una parcela «a un precio inferior para crear una empresa en la provincia» y al año siguiente «la vendió por un precio mayor aunque se quedó como inquilino, con lo que hace caja pero no tiene activos propios».
El Grupo Aurantia pagó en aquella fecha 3,6 millones de euros por los terrenos y los vendió, según los representantes sindicales, por 13,5 millones, firmando un contrato de alquiler con el nuevo propietario para ocupar las instalaciones. Además, según Serrano, la empresa recibió un crédito de 36,5 millones de euros «que aún no ha empezado a pagar», un préstamo sin interés de 7,7 millones de euros y un total de 28 millones de euros en concepto de subvenciones públicas para crear empleo».
Los sindicatos sospechan que el dinero de las ayudas públicas recibidas podría haber sido «desviado para solventar deudas de otras empresas» del Grupo Aurantia y lamentan la falta de control de la Junta de Andalucía.
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