RRHH Digital. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado hoy que, frente a la afirmación del Gobierno de que la reforma laboral no está teniendo efectos negativos, hay hechos que demuestran que está provocando «una mayor destrucción de empleo».
Méndez y el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, encabezaron hoy las respectivas delegaciones sindicales que entregaron a la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de LLano, un escrito para que promueva un recurso de inconstitucionalidad por la reforma laboral.
Tras hacer entrega del documento, y en declaraciones a los medios, Méndez y Toxo han señalado que el recurso se basa en ocho motivos «con fortaleza jurídica» y «anclajes sólidos» para que la Defensora del Pueblo lo considere y lo pueda presentar ante el Tribunal Constitucional antes del día 11, cuando finaliza el plazo para hacerlo.
Según Toxo, Cava de Llano les ha dicho que «intuía» que de las varias peticiones de inconstitucionalidad que se han presentado, la de los sindicatos es la más «fundamentada».
CCOO y UGT creen que la reforma contiene elementos de inconstitucionalidad en cuanto al procedimiento, porque se ha utilizado la fórmula del real decreto ley por la vía de urgencia y porque no se pueden cortar por decreto derechos fundamentales de los ciudadanos.
Méndez ha recordado que el Gobierno ha manifestado que la reforma no tendrá efectos en el corto plazo y, al respecto, ha indicado que «sus propios argumentos justifican impugnar el procedimiento».
Para el líder de UGT, incluso desde el punto de vista político el procedimiento «no se justifica» porque tampoco la Comisión Europea, las instituciones europeas y los organismos internacionales le pidieron al Gobierno que promulgara la reforma por esta vía.
Según ha añadido, estos organismos pidieron al Ejecutivo que tramitara con urgencia los presupuestos para 2012 y el Gobierno «decidió jugar al gato y al ratón» por razones electorales vinculadas a las elecciones en Andalucía.
Así, «el Gobierno impuso por vía real decreto ley una reforma desequilibrada y muy nociva que en el corto plazo está provocando una mayor destrucción de empleo».
En cuanto al contenido, Méndez ha recordado que no preserva el derecho a la tutela judicial efectiva ni el valor de la negociación colectiva frente a la decisión «unilateral» del empresario.
«Ninguna de las 52 reformas anteriores provocaron esta gravísima situación» ha recalcado.
Toxo, igualmente, se ha referido a las formas, y ha señalado que los gobiernos «se están acostumbrando a usar la vía de urgencia» algo que la Constitución española reserva para situaciones de «excepcional gravedad».
A su juicio, la situación es «grave» pero los efectos urgentes que «parecen justificar» la puesta en marcha de la reforma con «efectos plenos» tras su publicación en el BOE el 11 de febrero «no se justifica y los hechos así lo demuestran».
Para Toxo, además, tampoco se justifica romper una tradición de diálogo social consolidada durante tres décadas que «con altos y bajos» ha dado resultados «más que apreciables» y que el Gobierno «no ha querido ni siquiera explorar».
En su opinión, la reforma vulnera otros preceptos constitucionales, entre los que ha citado el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad de trato por discriminatorio, las formas de contratación y la libertad sindical.
Se trata de una reforma «muy completa» del Estatuto de los Trabajadores, ha subrayado Toxo, para quien «invade» aspectos con visos de inconstitucionalidad en todos los elementos que configuran el núcleo central del ordenamiento jurídico y las relaciones laborales.
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