Recursos Humanos Digital. La economía solidaria ofrece nuevas oportunidades para que, además de agente de cambio social, el trabajador social pueda crear empleo, como ha mostrado el IX Foro de Trabajo Social, convocado por el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de Comillas. Durante dos días, académicos y profesionales de esta especialidad y de las finanzas y el mundo de la empresa, presentaron distintos proyectos de economía democrática y empresas solidarias y sostenibles.
En la conferencia inaugural, Antoni Comin i Oliveres, profesor de ESADE, introdujo a los asistentes en el concepto de economía democrática y solidaria, un término que está más presente en el debate intelectual de lo que puede parecer. «Vamos a pensar en términos de economía plural, no sólo capitalista, y el camino para conseguirlo es la economía moral y solidaria». La economía social, dijo, está fundada en valores que no deshumanizan y, a la vez, es compatible con el mercado. Comin defendió esta tesis apoyándose en varios puntos y partiendo de la idea de que la economía social no es para sectores secundarios o marginales, sino que puede aplicarse a cualquier ámbito productivo y no sólo en momentos de crisis.
Jose Ignacio García Jiménez, SJ, Director del Jesuit European Social Centre y Delegado Social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de Europa, presentó la relación entre pobreza y medio ambiente como otra posible dinámica de exclusión social, en la segunda de las conferencias plenarias. Para García, los dos retos más importantes de la humanidad en el siglo XXI son la pobreza y el medio ambiente y, en este sentido, anunció un cambio de paradigma. Hasta ahora, el discurso de los grupos ecologistas se ha centrado en un medio ambiente en el que la actividad de la persona se ha reducido al consumo, mientras, quienes trabajan con la pobreza y la exclusión no han prestado atención a las cuestiones medio ambientales, produciéndose una apropiación del discurso ecologista por parte de las clases medias. Sin embargo, en los últimos tiempos se está empezando a buscar, cada vez más, respuestas integrales a los problemas de la pobreza, vulnerabilidad social y territorio, con el concepto de desarrollo sostenible como instrumento para acercar posiciones. En Estados Unidos, ya en los años 80 se empezó a hablar de justicia medioambiental, una práctica plenamente integrada ya en las políticas públicas estadounidenses, pero que aún no se tiene en cuenta en Europa. García propuso incorporar el medio ambiente a la intervención social de la misma manera que se ha hecho con el género en la última década. «No podemos hacer fotografías desconectadas de la realidad medio ambiental».
Finanzas éticas
Las finanzas éticas centraron una de las mesas redondas del foro, articulada en forma de diálogo y moderada por Carlos Ballesteros, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE). Silvia Rico, de la Fundación Nantik Lum; José María Crucelaegui, de Triodos Bank; Cara Soler, de Fiare, y Raimon Gassiot, de Coop75 mostraron los instrumentos financieros éticos y alternativos que sus entidades ofrecen. Rico presentó Nantik Lum, una entidad que concede pequeños créditos a personas muy pobres. Los microcréditos se han extendido y han evolucionado lo suficiente como para que se presenten aspectos negativos y positivos y, en la actualidad, estén sujetos a evaluaciones y críticas, tanto por parte de los economistas como de diversos agentes de la sociedad civil y el desarrollo.
Crucelaegui expuso la labor de Triodos Bank que, aseguró, promueve la «fraternidad económica». La entidad apoya fundamentalmente la agricultura ecológica, el sector cultural, las energías renovables y el sector social, y puede ser una buena alternativa para los profesionales del trabajo social que apuesten por el emprendimiento, dijo Crucelaegui, aunque sólo prestan a entidades, no a personas físicas.
«Buscamos un uso social del dinero: somos un banco que canaliza el ahorro al servicio del crédito». Soler definió así el proyecto de Fiare, cuya voluntad es acabar siendo una cooperativa de crédito, ya que están convencidos de que la participación es un valor añadido dentro de las organizaciones de la economía social. Además, tienen la voluntad de contribuir a la equidad y la democracia financiando proyectos de economía social y solidaria.
Gassiot habló de Coop75, una cooperativa de servicios financieros que confía en el componente transformador de las finanzas éticas. «Uno de los principales problemas de las finanzas es que han pasado de ser un medio a ser un fin», dijo. A su juicio, en la situación actual, la bancarización de las cajas deja un vacío que debe ocuparse con criterios éticos y sociales y elementos reales de control social.
Con el objetivo de acabar con la tradicional separación, cuando no enfrentamiento, de las disciplinas de la economía y el trabajo social, el profesor Carlos Arias moderó una mesa redonda sobre producción, empresa y emprendimiento solidario y sostenible, en la que debatieron Raúl Rober, Presidente de Sostre Civic; Miguel Ángel Martínez Polo, Director de Empresas de Inserción en la Asociación Semilla para la Integración Social y miembro de Faedei (Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción), y Carlos de la Higuera, socio fundador de la Cooperativa Gredos San Diego.
Sostre Civic es un nuevo modelo de acceso a la vivienda. «Después de 30 años de políticas públicas nos encontramos con que no existe un parque de vivienda permanente y asequible», señaló Rober, y por eso siguen el modelo de la cesión de uso, muy distinto del alquiler y de la propiedad. «La cooperativa mantiene la tenencia y los socios tienen un derecho de uso indefinido y transmisible, mediante una entrada y una cuota periódica». Rober defendió el potencial del cooperativismo, más interiorizado y explotado en otras sociedades europeas que en España.
Martínez Polo estableció el marco legislativo y las características particulares de las empresas de inserción, que se ocupan de la integración social de personas en situación de exclusión mediante una actividad económica. Estas empresas, reguladas por una ley, son entidades sin ánimo de lucro, tienen que estar respaldadas por una fundación o una ONG y pretenden cumplir un doble objetivo, social y económico, con el empleo como elemento transversal. Presentes en todos los sectores económicos, suelen ocuparse de actividades intensivas en mano de obra y con poca cualificación. Son una herramienta muy potente, además de acompañar a las personas en riesgo de exclusión, les aportan un salario y un modo de vida. Martínez Polo desgranó los números del último ejercicio económico disponible para mostrar la práctica viabilidad económica de las empresas de inserción: los ingresos generados al Estado en forma de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, compensan las subvenciones recibidas, sin contar con lo que ahorran las arcas públicas en pensiones y subsidios por desempleo.
Para De la Higuera, la principal ventaja comparativa de las cooperativas es que se trata de empresas basadas en personas, porque «cuando apuestas por las personas te acompañan también los resultados económicos». Puso como ejemplo su grupo cooperativo, nacido en el sector educativo, cuyo principal objetivo es «mantener, mejorar y crear puestos de trabajo al servicio de los socios, los alumnos y las comunidades del entorno». En definitiva, afirmó, las cooperativas son distintas porque su objeto social es la creación de puestos de trabajo y tienen «otra forma de hacer empresa».
Para acercar a la realidad los distintos planteamientos realizados en el foro, se ofrecieron también tres talleres, que permitieron a los asistentes conocer de primara mano la aplicación de la economía solidaria en los ámbitos de la vivienda, el cooperativismo y las empresas de inserción. Elena Gil Bartolomé, de la Fundación San Martín de Porres, resolvió las dudas sobre las empresas de inserción, «un ente entre la intervención social y el mundo empresarial», que proporciona una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión social. Las características especiales de estas empresas hacen que los beneficiarios de las entidades sociales que las promueven pasen a ser trabajadores en tránsito: «Convertimos a nuestros usuarios en ciudadanos». Gil explicó a los asistentes que las empresas de inserción representan una oportunidad laboral para los trabajadores sociales -«por ley tenemos que contratarlos», agregó-, que comparten trabajo con educadores sociales, psicólogos o pedagogos. Les animó también a pensar y buscar posibles ideas de negocio para estas entidades y proponérselas a organizaciones o fundaciones que les den soporte.
En el taller de cooperativismo, Miguel Ángel Martínez, de la Consultoría Social Dinamia, hizo un análisis del fenómeno del cooperativismo en nuestro país. En concreto, expuso qué es una cooperativa, cuáles son sus objetivos y finalidades y qué tipos de cooperativas pueden existir. Intentó también que alumnos y profesionales vieran en qué medida pueden utilizar el cooperativismo para los objetivos y finalidades de sus trabajos.
«Si tenemos imaginación y creatividad y sabemos innovar, esto seguirá adelante», aseguró Miguel Juárez, Director del departamento y miembro del comité organizador del foro, quien aprovechó la clausura para hacer un llamamiento a los alumnos: «¡Sed utópicos!». «El noveno foro ha intentado abrirnos la mirada y nos ha dado fuerza para tomar impulso», dijo Santa Lázaro, Vicedecana de Ordenación Académica de la facultad. «Con nada, se puede hacer algo», resumió antes de clausurar la edición de este año.
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