Juzgan el martes a tres hombres por presunto acoso sexual y amenazas a trabajadores extranjeros

Recursos Humanos Digital. El Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva acoge este martes a partir de las 9,30 horas el juicio de tres hombres acusados de cometer delitos contra la integridad moral, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por imposición coactiva de condiciones laborales, cuatro delitos de acoso sexual, cinco faltas de maltrato de obra y dos de amenazas, a 24 trabajadoras extranjeras y un trabajador, de distintas nacionalidades, contratados para trabajar en una finca propiedad de uno de los acusados, según reza en el escrito de acusación.RRHH

Este juicio se celebra este martes después de que el pasado 27 de octubre fuera aplazado porque no se presentaron a declarar las tres únicas personas de estas 25 que habían sido localizadas y requeridas por esta causa, pero que finalmente no se personaron en la sala el citado día.

En esas fechas, el letrado de uno de los acusados, Nicolás Morón de Cárdenas, explicó que en el caso de que también fuera fallida esta segunda citación, «lo más probable es que se utilice como prueba la que se preconstituyó en los juzgados de Moguer el 22 de abril de 2009, en la que se grabó en vídeo la declaración de los 25 testigos», de los que ahora tan sólo han localizado a tres.

Los hechos se remontan al año 2009 y el Ministerio Fiscal asegura que el trato de los acusados con estas trabajadoras era «permanentemente agresivo y despectivo, afectando de este modo gravemente a la propia autoestima de los citados». Del mismo modo, estas personas sometían a estas empleadas en la jornada laboral a «una vigilancia estrecha hasta el punto de obligarlas a hacer sus necesidades en el mismo campo y prohibiéndoles ir a sus alojamientos a buscar agua, de forma que no podían abandonar el puesto de trabajo ni siquiera en los casos de mareo o fatiga por la sed».

Igualmente, según relata la Fiscalía, los acusados «faltaban el respeto a la intimidad» de las trabajadoras al entrar en sus aposentos sin el consentimiento de las mismas, haciendo uso «en algunas ocasiones de la fuerza física y exigiendo en otras favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo de las empleadas».

Al mismo tiempo, estos tres acusados «imponían mediante amenazas y coacciones condiciones laborales abusivas tales como efectuar diez horas diarias; no respetar el tiempo mínimo para el almuerzo; no permitirles días libres y no pagar las horas extras».

En uno de estos episodios, concretamente cuando fue despedido un trabajador rumano que trabajaba en la citada finca «tras amenazarlo con una escopeta de caza», varias empleadas se encerraron durante dos días en sus viviendas «atemorizadas» cuando hizo acto de presencia una pareja de guardias civiles, momento en el que uno de los acusados se dirigió al citado trabajador diciéndole que «abandonara la finca o acabaría con su vida».

Por todo ello, la Fiscalía ha pedido 90 años de prisión entre los tres acusados por los delitos supuestamente cometidos, así como el pago 1.140 euros por las faltas de maltrato de obra y de amenazas. Durante la vista oral, está previsto que declaren funcionarios de la Guardia Civil y las 25 trabajadores afectados.