Recursos Humanos Digital. La Comisión Europea ha anunciado este lunes que en 2012 llevará a cabo una «evaluación exhaustiva» de los impuestos directos nacionales de los Veintisiete para determinar si discriminan a los trabajadores de otro Estado miembro obligándoles a pagar más. Bruselas amenaza con expedientar a aquellos Gobiernos que permitan desventajas fiscales injustas a temporeros u otros trabajadores transfronterizos.
Se calcula que más de 1,2 millones de personas trabajan fuera de su país dentro de la UE. El volumen de los salarios brutos abonado a los trabajadores temporeros y transfronterizos en 2010 ascendió a 46,9 millones de euros. No obstante, Bruselas considera que «los obstáculos fiscales siguen siendo uno de los principales elementos que disuaden a los ciudadanos de buscar trabajo en otro Estado miembro».
«Las normas de la UE son claras: todos los ciudadanos de la UE deben recibir un trato igualitario en el mercado único. No puede haber discriminación ni menoscabarse el derecho de los trabajadores a la libre circulación», ha avisado el comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta.
En particular, la Comisión investigará si los ciudadanos que obtienen la mayor parte de sus ingresos en otro Estado miembro están gravados con más impuestos que los ciudadanos de ese mismo Estado miembro. A este respecto, Bruselas va a comprobar si todas las deducciones personales y familiares para los residentes se aplican también en la práctica a los no residentes.
Además, examinará si los Estados miembros distinguen entre sus propios ciudadanos y los ciudadanos de otros Estados miembros que trabajan ocasionalmente en su territorio, sobre todo en lo relativo al derecho a deducir gastos y a la aplicación de tipos impositivos distintos.
El Ejecutivo comunitario no va a estudiar únicamente la situación de los trabajadores por cuenta ajena, sino también la de los trabajadores por cuenta propia y los pensionistas.
Si se detectan discriminaciones o infracciones de las libertades fundamentales de la UE, la Comisión las señalará a las autoridades nacionales e insistirá en que se introduzcan las modificaciones necesarias. De persistir los problemas, Bruselas lanzaría procedimientos de infracción contra los Estados miembros de que se trate, según ha explicado la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor.
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