Recursos Humanos Digital. La asociación Jueces para la Democracia ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada por CC.OO. y UGT para el próximo 29 de marzo en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular el pasado 10 de febrero, según informa la asociación en un comunicado.
Jueces para la Democracia considera que la reforma del mercado laboral constituye «uno de los mayores ataques» al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y que materializa una reforma «ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta».
En este sentido, la asociación advierte de que la reforma introduce los elementos necesarios para modificar «sustancialmente» los contratos de trabajo en el sector privado y público, consistentes en dotar al empresario de facultades para alterar el salario, jornada, horario, movilidad funcional y geográfica pactados en el contrato individual.
Asimismo, los jueces critican las nuevas posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos, ya que afecta a la totalidad de la negociación pactada entre sindicatos y empresarios. Esto también debilitará la tutela judicial de los jueces de la jurisdicción social, ya no podrán valorar la razonabilidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa.
La nueva regulación limita las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentiva el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales, según explica la asociación.
Además, Jueces para la Democracia advierte de que la «degradación» de la causalidad en el despido es contraria al el artículo 35 de la Constitución Española, que integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que sitúa a España al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por último, la asociación recuerda que su obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario.
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