RRHH Digital. El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona ha aprobado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Spanair que afecta a 2.600 trabajadores tras el acuerdo alcanzado entre la plantilla y la administración concursal de la aerolínea y el informe emitido por la autoridad laboral, con lo que ha avanzado un mes la fecha prevista en el calendario y que marcaba finales de marzo.
Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el auto dictado este lunes 27 de febrero supone la extinción de 2.597 contratos, que ya podrán acceder a la prestación por desempleo –hasta ahora tenían un permiso retribuido–, y reclamar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) las indemnizaciones, dado que Spanair no puede afrontar este pago al no disponer de activos.
Las indemnizaciones establecidas suponen el pago de 20 días de salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, y en cuanto a las nóminas de enero y febrero, la administración concursal se ha comprometido a abonar un importe igual al doble del salario mínimo interprofesional para enero, y el importe completo de la nómina de febrero o un importe lineal similar al ya abonado en enero si la compañía dispone de efectivo suficiente y la tesorería lo permite.
Los trabajadores de Spanair también han acordado con la Generalitat la creación de una comisión de recolocaciones, que tendrá un año de vida y agilizará a través del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) todos los trámites del Inem.
El SOC también canalizará todas las ofertas de trabajo, juntamente con los organismos homólogos en otras comunidades autónomas, para informar a los empleados de nuevas oportunidades de empleo.
FLOTA DE AVIONES
El 10 de febrero se resolvieron los contratos de ‘leasing’ de los 31 aviones con los que contaba la flota de Spanair y que estaban suscritos por varias sociedades norteamericanas, inglesas y japonesas.
Los acuerdos alcanzados con estas sociedades han evitado créditos de penalización por falta de uso de las aeronaves y en concepto de estancia de los aviones en los aeropuertos españoles, cifrados en 400.000 dólares diarios, y ha permitido recuperar los depósitos de garantía derivados de estos contratos por dos millones de euros.
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