Recursos Humanos Digital. La provincia de Huelva ha experimentado en 2011 un descenso de la siniestralidad laboral del nueve por ciento respecto al año anterior, según los datos consensuados por las administraciones públicas, sindicatos y patronal y facilitados a Europa Press.
De este modo, en los doce meses de 2011 se contabilizaron en Huelva un total de 6.463 accidentes, de los que cinco fueron mortales, 91 tuvieron consideración de graves y 6.367 fueron leves.
Así, por sectores, los mayores descensos se han producido en la construcción (-30,23 por ciento) y la industria (-8,75 por ciento), mientras que en el sector de servicios y el agrícola las bajadas han sido del 6,23 por ciento y del 2,53 por ciento, respectivamente.
Por ello, el delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, ha valorado estos datos, aunque ha recordado que cada accidente laboral supone un «coste social y económico muy importante», especialmente «dramático» cuando se produce un fallecimiento, por lo que ha confiado en que empresarios, trabajadores y administraciones «continúen vigilantes y concienciados ante esta lacra social, sin que la crisis sea excusa para reducir la prevención laboral».
Asimismo, ha señalado que el descenso en los accidentes laborales ha sido mayor al contabilizado en la afiliación a la Seguridad Social, ya que ésta experimentó una bajada del un 1,99 por ciento, frente al nuevo por ciento de la accidentalidad.
En este sentido, el Índice de Incidencia, que relaciona el número de accidentes con el número de trabajadores en activo, ha registrado una bajada del 7,22 por ciento respecto a 2010.
El delegado provincial ha destacado que uno de los principales objetivos de la Consejería de Empleo pasa por que «la crisis no repercuta en las prácticas de prevención y seguridad laboral».
Así, ha hecho referencia a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral 2010-2014, que cuenta con un presupuesto estimado de 130 millones de euros y marca como principales retos para Andalucía la mejor integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas; la atención a los riesgos emergentes y los nuevos sectores y la mejora de la situación preventiva de los territorios, entre otros.
Para ello, junto a la continuación de las iniciativas puestas en marcha en el Plan General 2003-2008 (como el convenio con la Fiscalía, los laboratorios-observatorios o el Plan de Acción sobre Empresas con Mayor Siniestralidad), la Estrategia incluye nuevas medidas como un programa de seguimiento a pymes y planes para autónomos; la introducción de nuevos baremos que primen las buenas prácticas preventivas de las empresas a la hora de acceder a la contratación pública; programas de actuación específicos en municipios de menos de 10.000 habitantes o el tratamiento de materias de prevención en la negociación colectiva, entre otros.
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