RRHH Digital. CC.OO. y UGT han trasladado este jueves a la Comisión Europea (CE) el impacto negativo que, a juicio de ambas centrales sindicales, tendrá la reforma laboral aprobada por el Gobierno español sobre el colectivo juvenil.
En este sentido, denuncian que el nuevo contrato indefinido creado en la reforma «discrimina» a los jóvenes, pues beneficiará fiscalmente a las empresas que contraten a parados con prestación, situación que apenas se da en el colectivo juvenil, donde sólo el 15% del total de 1,6 millones de jóvenes en paro cobra prestación.
Los sindicatos han hecho estas consideraciones en el marco de una reunión que han mantenido este jueves con el Grupo de Acción de la Comisión Europea-Administraciones españolas y agentes sociales para exponerles su valoración sobre la iniciativa de Bruselas sobre el lanzamiento de un plan de acción para los jóvenes.
En el documento que le han entregado a la CE, los sindicatos expresan su rechazo a las decisiones y orientaciones que, en materia de política económica y social, están adaptando las instituciones de la Unión Europea y por ende el Gobierno español, y señalan de manera especial la ausencia de medidas que puedan ayudar efectivamente al crecimiento económico y a la creación de empleo.
Asimismo, denuncian que la reforma laboral del Gobierno del PP «no sólo no generará más empleo, sino que empeorará considerablemente las condiciones laborales de las personas más jóvenes».
«La nueva normativa condena a los jóvenes a seguir en desempleo en la mayoría de los casos, porque un cambio legislativo en materia laboral, sin hacer fluir el crédito o facilitar estímulos para reactivar la economía difícilmente va a generar por sí sola nuevos puestos de trabajo», argumentan.
Aunque la reforma laboral genera nuevos contratos bonificados para la contratación de menores de 30 años, los sindicatos recuerdan que parte de esas bonificaciones van dirigidas a empresas que contraten a personas en desempleo que cobren prestación.
«En el caso de los jóvenes, tan sólo un 15% de los 1,6 millones que no tiene trabajo cobra el paro, por lo que se verán fácilmente discriminados respecto a otros colectivos de mayor edad», argumentan.
Además, los sindicatos denuncian que el contrato para la formación y el aprendizaje «ha empeorado aún más» en la nueva redacción dada por la reforma laboral, pues se eleva el límite de edad a 30 años hasta que la tasa de desempleo se reduzca al 15%, fija su duración en el tiempo máximo (tres años) y desvincula el contrato de la posibilidad de obtener una titulación, a través de la formación, para quienes no la tuvieran con anterioridad.
SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA, «ESPECIALMENTE DRÁMATICA»
CC.OO. y UGT critican además que la gran apuesta del Gobierno siga siendo la contratación a tiempo parcial para jóvenes en paro, lo que, a su juicio, «supone marginar al colectivo a la infraocupación, con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas para la
emancipación».
«Para la juventud que ya tiene un empleo las perspectivas de mantenerlo, en unas condiciones dignas, tampoco son muy halagüeñas. Es más: la posibilidad que se abre ante la nueva regulación laboral de nuevos contratos indefinidos con un año de prueba supone, en realidad, la posibilidad de que, transcurrido ese período, se pueda despedir al trabajador sin necesidad de indemnización alguna», alegan.
Las centrales exponen que la población joven está siendo «la principal víctima» de la actual coyuntura, particularmente en España, donde su situación es «especialmente dramática». En este sentido, avisan de que una parte significativa del paro juvenil podría llegar a convertirse en estructural.
En cuanto a la propuesta de Bruselas al Gobierno español con respecto a la utilización de Fondos Estructurales para focalizar medidas destinadas a jóvenes y pymes, los sindicatos advierten de que si no se cambia la actual normativa y se agilizan los mecanismos de ayuda que rigen los Fondos Estructurales, «difícilmente se podrán llevar a cabo iniciativas a corto y medio plazo que constituyan la base para cambiar la situación de los jóvenes y las pymes».
Pese a que los sindicatos están de acuerdo en que se preste una atención específica al desempleo de los jóvenes, han recordado que otras iniciativas comunitarias, como el Libro Blanco de la Juventud, nunca fueron puestas en marcha en los Estados miembros.
«Si la iniciativa presentada el pasado diciembre se parece a las anteriores, sin movilizar realmente recursos financieros, sin objetivos concretos y sin definir el seguimiento y participación
de los interlocutores sociales, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional, mucho nos tememos que esta iniciativa será otro brindis al sol», subrayan.
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